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Publicado: Jueves 6 de agosto de 2020 a las 04:00 hrs.
Intensa ha sido la actividad del Ejecutivo en el Parlamento desde el inicio de la crisis sanitaria, trabajo que se aceleró luego del acuerdo por el plan de emergencia, firmado el 14 de junio, que crea un marco de gasto fiscal por hasta US$ 12.000 millones para los próximos 24 meses. Aquello se tradujo en el envío de una serie de proyectos de ley, los que han tenido distinta suerte, algunos avanzando con lentitud, como los ajustes al Seguro de Cesantía y la Ley de Protección del Empleo, y otros con ajustes claves, como el caso del Fondo Covid-19 y el paquete de medidas tributarias para la reactivación.
Ayer fue una jornada clave para la agenda legislativa del Ejecutivo en el marco de la emergencia económica y sanitaria, con buenas noticias para el gobierno en algunas iniciativas, como la que permite al Banco Central comprar deuda de Tesorería en el mercado secundario, y malas en otras que están en entredicho todavía en el Parlamento.

La Sala de la Cámara de Diputados despachó ayer al Senado el proyecto que crea el fondo Covid-19, el cual contempla un gasto por hasta US$ 12.000 millones por 24 meses para solventar el plan de emergencia.
El ajuste más relevante estableció -vía indicación de Hacienda- que los recursos no irán apoyar a empresas estratégicas, sino que se analizará "caso a caso" y en una ley especial.
También se aprobaron indicaciones de parlamentarios que prohíben el acceso de las grandes firmas al fondo. Por ejemplo, para aquellas controladas por empresas o filiales ubicadas en paraísos fiscales y las que hayan sido condenadas por delitos contra la libre competencia. Y las compañías estratégicas que accedan deberán distribuir solo el mínimo legal (30%) de sus utilidades y sus directores percibirán el 50% de sus ingresos previos a la recepción de la ayuda estatal.

La reforma constitucional, presentada por parlamentarios de oposición, establece un impuesto de 2,5% al patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile, titulares de bienes y derechos, en el medio local o en el extranjero al cierre de 2019, equivalentes o superior a US$22 millones. La recaudación será destinada al financiamiento de una renta básica de emergencia.
La iniciativa iniciaría ayer su trámite en la comisión de Constitución de la Cámara, pero la actividad de la Sala de la Corporación obligó a suspender la sesión. Uno de los autores del proyecto, el diputado PPD Raúl Soto, señaló que "es necesario avanzar en justicia tributaria" y que, de manera excepcional, los más ricos del país -1.900 personas- paguen un impuesto para con eso recaudar más de US$ 6 mil millones "que puedan ser redestinados a políticas sociales en ayuda de sectores vulnerables y de clase media por esta pandemia", acotó.

Lista para ser promulgada como ley quedó ayer la reforma constitucional que faculta al Banco Central para transar bonos del Estado en el mercado secundario abierto. Con 141 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones se despachó de la Cámara de Diputados dando por finalizada su tramitación en el Congreso.
Con ello, la modificación que entrega la posibilidad para que el ente emisor pueda comprar y vender en el mercado secundario instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales y de manera transitoria, se zanjó tras un mes y medio de debate en el Parlamento.
La iniciativa fue presentada por las mociones parlamentarias de los senadores, Jorge Pizarro (DC) y Carlos Montes (PS), contó con el patrocinio del Gobierno luego que enviara junto a la reforma una modificación a la ley orgánica del Central.

En su primer tramite legislativo en el Senado se encuentra el proyecto que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones del seguro de desempleo y perfecciona la Ley de Protección al Empleo (LPE).
El cambio establece una cobertura que, a partir del segundo mes, no baja del 55% de la remuneración promedio del trabajador, mediante la dictación de un decreto supremo que considere ciertos parámetros para su incremento.
En el caso de las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, también se establece una cobertura en los porcentajes antes mencionados, quedando limitada a los valores superiores e inferiores determinados para las prestaciones.
La iniciativa, que lleva más de 40 días de debate en el Congreso, sería votada el próximo martes con lo inciaría su segundo tramite.

Por unanimidad -150 votos a favor-, la Sala de la Cámara aprobó y despachó ayer al Senado el proyecto de ley que permite suspender la solicitud de retiro de fondos de AFP para quienes sean deudores de pensiones alimenticias.
La iniciativa establece que el juez podrá decretar la medida de retención de estos recursos con el fin de cautelar los derechos derivados de pensiones alimenticias que se encuentren devengados.
Recibida dicha solicitud, el tribunal deberá resolverla de plano y en el más breve plazo, el que no podrá exceder de 48 horas.
A inicios de esta semana, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, había anunciado que el Ejecutivo ingresaría una indicación para forzar a los deudores a solicitar el retiro de los fondos previsionales para ser objeto de retención por la deuda alimenticia. Sin embargo, finalmente desechó dicha opción debido a su dudoso caracter constitucional..

Casi dos años lleva en el Congreso el proyecto de ley para perfeccionar el actual sistema previsional. Durante estos 21 meses, mucha agua ha pasado bajo el puente, lo que ha generado importantes cambios en aspectos clave de la propuesta original. La iniciativa que el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados en noviembre 2018, planteaba que la tasa de cotización subiera del 10% vigente a 14%. Sin embargo, el proyecto que finalmente aprobaron los diputados, establece una tasa de 16%. Tres puntos porcentuales de este 6% irían a ahorro individual y los otros tres a un fondo solidario. A fines de enero, la iniciativa pasó a su segundo trámite constitucional y comenzó a discutirse en la comisión de Trabajo del Senado. No obstante, producto de la pandemia, el debate estuvo detenido un par de meses. La semana pasada, los senadores de oposición presentaron una contrapropuesta que plantea que el 6% de cotización extra se destine completamente a solidaridad.

Dos jornadas se tomó la Sala del Senado para votar el proyecto que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo, que pese a ser parte del acuerdo entre la oposición y el Gobierno, generó resistencia entre la exNueva Mayoría. La iniciativa establece la rebaja a la mitad el Impuesto de Primera Categoría para PYME en 2020, 2021 y 2022; la devolución de crédito fiscal IVA acumulado para PYME; amplía la depreciación instantánea de 100% hasta fines de 2022; y destina recursos fiscales para la contribución regional de 1% para proyectos iniciados hasta 2021.
El principal desacuerdo es el artículo sobre depreciación instantánea, pues la oposición estima que favorece a las grandes empresas y no a las PYME, por lo que al cierre de esta edición habían rechazado por mayoría este aspecto para forzar una comisión mixta.
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