La idea de avanzar hacia una “renta básica universal” se ha ido instalando en la mesa de diálogo que impulsaron Gobierno y oposición para convenir una agenda de “mínimos comunes”.
Esto, en el contexto de que la serie de modificaciones que hizo el Ejecutivo al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no dio abasto para la envergadura de la crisis que ocasionó la pandemia, según los parlamentarios.
Hoy el IFE implica una ayuda de $ 100 mil por persona en cuarentena que pertenezca hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). La idea de la oposición es avanzar en la universalidad y aumentar el monto.
“El referente para este tipo de política pública tiene que ser el RSH y ahí el 100% de cobertura me parece adecuado”, señala el extesorero general de la República, Hernán Frigolett.
Para el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, el camino también debe darse a través del RSH. “Focalizaría al 90% y si hay más presión, ampliémoslo”, dice, pero enfatiza que sea a los inscritos en el registro. “Así sabemos a quienes estamos llegando”, destaca.
Una posición distinta expone la presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Andrea Repetto, quien en una emergencia como esta apuntaría a vías ágiles y eficaces para llegar a un grupo amplio de personas con el menor número de restricciones posible. “Usaría un mecanismo basado en los ingresos per cápita hasta un monto alto (familias con un millón por persona, por ejemplo)”, precisa.
Esto, advierte, porque “no entendemos bien por qué algunas familias de altos ingresos se han inscrito en el RSH. Si se da recursos solo a este grupo particular, se puede dejar fuera a otros que están en peores condiciones solo porque no se han inscrito”.
Respecto al uso del parámetro de la Línea de la Pobreza todos coinciden en que va en la dirección correcta tomando como base para un hogar de cuatro integrantes fijar un monto entre los $ 480.000 y los $ 500.000.
Respecto al financiamiento, los expertos ven espacio para que el Fisco se endeude, además de eliminar exenciones tributarias, junto al uso en el corto plazo del Fondosde Estabilidad Económica y Social (FEES).
En este contexto el socio de FK Economics, Jorge Fantuzzi, pide no ser ingenuos con el diseño de este mínimo común de ahora por la contingencia. “Cualquier cosa que se discuta respecto a esto va a afectar también en lo que un próximo Presidente va a poder hacer como parte de su Gobierno”, dice.
Es por ello que apunta a que se incluya un componente ligado al empleo, en donde se profundice el uso del Ingreso Mínimo Garantizado como un complemento para asegurar que las familias logren alcanzar la línea de la pobreza.
Un punto que comparte Irarrázaval, ya que es importante a la salida de la emergencia sanitaria, potenciar el mercado del trabajo y apoyar incluso a aquellos en el sector informal.
A futuro Repetto, reitera que se debe considerar seriamente extender las “escasas transferencias monetarias que da el Estado hoy (distintas de la pensiones solidarias) para apoyar a los hogares. Estas deben ser sin exigir ciertos comportamientos”.
Oposición alista propuesta final con término de
algunas exenciones y renta básica universal
Hoy se reunirán nuevamente los parlamentarios de oposición para revisar la propuesta final que entregarán al Gobierno respecto a los "mínimos comunes" que conversan ambos sectores y que tiene como finalidad lograr un entendimientoe en distintos frentes, como por ejemplo los referidos a terminar con algunas exenciones tributarias y avanzar en una renta básica universal para enfrentar la crisis sanitaria y social derivada del coronavirus.
La oposición realizó el fin de semana un cónclave social en el cual uno de los aspectos centrales fue plantear una renta básica universal que beneficie a unas 6,5 millones de familias por un plazo inicial de tres meses, el cual puede ser extendido en función de la pandemia.
Otro tema que incluye el borrador que trabaja la oposición y que este lunes fue analizado por los equipos técnicos, establece la creación de un fondo para ayudar a las PYME por US$ 3.000 millones, medida superior a lo anunciado por el Ejecutivo que considera US$ 1.000 millones.
La presidenta, del senado, Yasna Provoste (DC), ha estado en comunicación con todos los senadores de la oposición para consensuar el texto que será enviado a La Moneda y que también incluye simplificar el acceso al Registro Social de Hogares, eliminar las multas e intereses por incumplimientos tributarios en 2021 y una fórmula de financiamiento para allegar más recursos al Estado eliminando o reduciendo algunas exenciones y franquicias tributarias.
En este punto, el Gobierno ya dio a conocer un primer texto para alcanzar acuerdos en esta materia, donde se incluye revisar la franquicia para las ganancias de capital en acciones o cuotas con presencia bursátil y modificar el crédito especial IVA a la construcción.
La idea de la oposición es entregar este martes su propuesta o a más tardar este miércoles.
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