Fitch estima que el déficit fiscal subirá más de lo proyectado por el Gobierno y habla sobre la clasificación de Chile

Los casi US$ 7.000 millones en recursos fiscales que costará extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y crear un subsidio a los empleos formales no han pasado inadvertidos para las clasificadoras de riesgo.

Un análisis reciente de Fitch Ratings plantea que a raíz de las últimas medidas anunciadas, el déficit fiscal sería mayor este año, llegando a cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Con esto, se superaría ampliamente el 7,1% que estimó el Ministerio de Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas del mes pasado.

Richard Francis, director de Soberanos senior en la clasificadora de riesgos, advierte sobre el "casi agotamiento" del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) como resultado de la extensión de las transferencias del IFE, pero señala que, de acuerdo a sus cálculos, la relación entre la deuda y el PIB "seguirá siendo baja", y este 2021 llegaría en torno al 35% del Producto.

Si bien Fitch reconoce que este nuevo estímulo podría ayudar a mejorar las perspectivas de crecimiento, por ahora mantienen su posición de que este año la economía del país se expandiría un 8,3%, por debajo del rango de 8,5% a 9,5% establecido por el Banco Central en su último IPoM.

¿Y la clasificación?

Si bien los anuncios de mayor gasto suelen generar una luz de alerta en relación a eventuales impactos en la clasificación del país, Francis explica que tras la rebaja de la nota de Chile en octubre del año pasado la clasificación nacional estaría "bien posicionada" en A-.

Recordando que el rating de Chile tiene perspectiva estable, el analista agrega que la posición en que se sitúa actualmente el país es "capaz de soportar mayores déficits y el ruido político".

Hacia el mediano plazo, el experto de Fitch plantea que pondrán el foco en monitorear "la capacidad del gobierno para lograr una consolidación fiscal consistente con la estabilización de la deuda", sumado a posibles cambios en las políticas macroeconómicas después de las próximas elecciones y que puedan emanar del proceso de elaboración de una nueva Constitución.