Desde el 18 de agosto que diez expertos en políticas públicas -representantes de centros de estudios e investigación- están trabajando junto a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, en una exhaustiva revisión del indicador que se utiliza en el Registro Social de Hogares (RSH) para definir el grado de vulnerabilidad de los hogares del país. ¿El propósito? Mejorar su diseño.
Para ello, una vez a la semana vía zoom los economistas y académicos Ignacio Irarrázaval (Centro de Políticas Públicas UC), María Pía Martín (U. de Chile), Andrea Repetto (UAI), María Paz Arzola (LyD), Mauricio Villena (UDP), Jorge Fantuzzi (FK Economics), Javiera Troncoso (PNUD), Claudia Martínez (Instituto de Economía UC), Cristóbal Hunneus (Unholster) y Claudia Sanhueza (CEAS, Universidad Mayor) se reúnen en una mesa técnica junto a representantes de los ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda.
Avanzar hacia una calificación socieconómica (CSE) que sea “más justa, oportuna y transparente” es lo que busca dicha instancia de trabajo técnico, que se conformó luego de que una de las principales críticas hechas desde la oposición al Gobierno es que el apoyo ante la caída de ingresos que generó el cierre de la actividad productividad -para mitigar la velocidad de contagio del coronavirus, Covid-19- ha sido tardía.
“La pandemia nos demostró que el Estado no estaba preparado para enfrentar una emergencia de esta envergadura desde el punto de vista de movilizar de manera expedita y oportuna las ayudas sociales más urgentes e inmediatas”, reconoce la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.
De acuerdo con el cronograma, el trabajo -que se ha centrado en buscar espacios de mejora en la CSE que se utiliza para definir a los potenciales beneficiarios de los programas sociales del Estado- tiene plazo hasta diciembre para entregar una propuesta con cambios concretos. Estos serán parte de los insumos que utilizará la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) para definir las acciones que se realizarán durante los dos siguientes años.
Impacto en la focalización de las ayudas estatales
Acorde con las estimaciones de Candia, cualquier modificación a la CSE tiene un impacto sobre la asignación de casi 150 beneficios sociales, lo que equivale a $ 2 de cada $ 3 del presupuesto social que involucra a más de 14,2 millones de personas que son parte del RSH.
“Estamos ante una tarea tremendamente importante, en donde el trabajo colaborativo con este equipo de reconocidos expertos en materia de focalización nos permitirá identificar las mejores soluciones para robustecer este sistema”, señala Candia.
A su juicio, el desafío está en construir e institucionalizar instrumentos de focalización que logren “una asignación justa de beneficios y prestaciones sociales para aquellos que más lo necesitan”.
Para ello el desafío está en que la dirección en que se asignan los beneficios según el nivel de vulnerabilidad sea basándose tanto en la información que autoreportan los ciudadanos como en la que tiene el Estado.
Paralelo a ello, Rubilar, comenta que este trabajo pretende avanzar hacia un “Registro Social de Hogares Universal que a su vez nos permita desarrollar una institucionalidad que proteja a la clase media y eso tenemos que hacerlo antes que concluya nuestro mandato”.
¿Cómo se califica el nivel socieconómico en el Registro Social de Hogares?
El Registro Social de Hogares es una base de datos que administra el Ministerio de Desarrollo Social con información de 6.415.594 hogares, equivalentes a 14.324.261 personas, al cierre de la primera semana de noviembre.
El año pasado se incorporaron 359 mil hogares, mientras que este año a la fecha lo hicieron 975 mil.
Este catastro, compuesto por antecedentes autoreportados por las familias como también por datos entregados por distintas instituciones del Estado, sirve para la postulación y selección de los beneficios entregados por el Fisco.
Se divide en siete tramos de ingresos definidos en una escala que va entre el 40% y el 100%, en donde a menor porcentaje es mayor el grado de vulnerabilidad. Para su cálculo se utiliza la calificación socioeconómica (CSE). Este es el indicador que calibra mensualmente la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) sobre la base de un promedio de doce meses de la suma de los ingresos de las personas que componen el hogar, el número de integrantes, corregido por un Índice de Necesidades. Este, a su vez, reconoce las diferencias en gastos que enfrenta un hogar conforme a edad y grado de dependencia o discapacidad (leve, moderada o severa) de quienes lo componen.
Dado que no siempre se tiene información de todos los ingresos que reciben las personas -por ejemplo, los que provienen de trabajos informales- la CSE se construye evaluando la coherencia entre los ingresos y el valor de ciertos bienes y servicios ("medios") a los que acceden la población, que son indicativos de un alto estándar de vida, lo que permite generar una mejor aproximación al nivel socioeconómico de los hogares.
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