Como una más de las opciones que están en carpeta para dinamizar la inversión en La Araucanía. Así definen desde el interior del gobierno la idea de aplicar beneficios tributarios para quienes decidan desarrollar sus proyectos en la región con el índice de pobreza más alto de todo el país -23,6% de acuerdo a la última encuesta Casen-, y donde la tasa de desempleo se ha ubicado practicamente por dos años en niveles superiores al promedio de la desocupación laboral a nivel nacional.
Fue el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien deslizó esta alternativa en conversación con Diario Financiero.
“Quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir... se ha mencionado en los comités de ministros (la posibilidad de) que haya beneficios para el que vaya a invertir a La Araucanía, como un beneficio tributario, entre otras ideas”, dijo el secretario de Estado.
Según detalló, la consideración del Ejecutivo no se restringe solo a su sector, sino que “está abierto a otros, por qué no en el mundo del turismo, el agrícola y la energía”.
La revelación de Walker se dio al comentar los planes de su cartera en el marco del denominado Plan Araucanía, donde la consigna que instaló al arribar a Teatinos 40 fue ‘paz primero, inversión después’.
El contexto, asegura, viene dado desde que el Presidente escogió a la región como “prioritaria para sacarla de su rezago”, y donde su sector es “el eje más importante”.
En eso, afirma que la estrategia de desarrollo para la zona apunta principalmente a la agricultura, pero también tendrá un foco en el turismo y las energías renovables.
En lo que se refiere al mundo agrícola, se buscará la modernización a los actuales productores de carne, leche y granos, pero invitarán a la reconversión productiva que permita aprovechar las ventajas comparativas de otro tipo de cultivos, como las cerezas, variedades nuevas de manzanas, berries, arándanos, avellanos europeos y nogales, entre otros.
Coordinación en seguridad
Mientras, avanzan las coordinaciones para enfrentar la conflictividad que se vive en la región.
Según comentó Walker, el tema ya ha sido abordado en dos reuniones con Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde impulsarán la creación de juntas de vigilancia rural, “porque queremos ser consecuentes en que primero hemos dicho paz social”.
La idea es dotarlas de personalidad jurídica y equipos de radio que permitan mantener contacto directo con Carabineros para perseguir los actos delictuales y de abigeato en la región. “Vamos a incorporar también el delito de robo de madera, se van aumentar las penas. Y vamos a hacer un lanzamiento de cómo debe ser el procedimiento para que todos ayudemos a Carabineros”, afirmó.
Eso sí, desestima las opiniones que apuntan a una situación generalizada de conflictividad, y asegura que “están en puntos muy específicos de la región”.
“Queremos darle seguridad al inversionista de que puede invertir ahí. Hemos visto mucha hambre de que llegue inversión, entonces las propias comunidades mapuches y también el mundo campesino son los que más van a cuidar la inversionista, porque quieren trabajo”, asegura.
Finalmente, reconoce que la actividad forestal “es un tema que tenemos que ver porque con las forestales hay un desprestigio súper fuerte. La gente no los quiere, dicen que rompen caminos, los usan y nos los mantienen, y todo el beneficio se va a otra región. Tiene justa razón la gente de allá cuando dicen qué queda de esto en mi región”.
Antonio Walker, ministro de Agricultura.
Mesa de desarrollo regional tuvo su primera reunión
Ayer la mesa de desarrollo regional, instancia de de cooperación público privada que lidera la subsecretaría liderada por Felipe Salaberry, sostuvo su primer encuentro. En la ocasión, participaron los subsecretarios de Hacienda y Economía, Francisco Moreno e Ignacio Guerrero, además del presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín Matte.
Salaberry comentó que la primera reunión de trabajo "va a generar los insumos necesarios" para la implementación de los reglamentos que deberá dictar su repartición para los traspasos de competencia y la definición del ordenamiento regional que impulsa la Ley de fortalecimiento a la regionalización, aprobada en febrero pasado.
Por su parte, Larraín Matte relevó que la participación de la instancia gremial se da como "plataforma para canalizar las inquietudes y desafío regionales al gobierno central", donde esperan que estas definiciones "se transformen en una oportunidad para activar las inversiones y no en una nueva traba".
Así, planteó la idea de establecer un mecanismo donde los proyectos de inversion destinen aportes a un fondo de desarrollo local, gestionado tripartitamente entre municipios, empresas y organizaciones civiles. El tema tributario no se abordó.
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