En una nueva publicación conjunta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguraron que es fundamental priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo para que la reactivación productiva y del empleo post crisis de la enfermedad del coronavirus (Covid-19) sea segura y saludable, añadiendo que esto requerirá una gestión participativa de la seguridad y salud laboral, con participación de empleadores y trabajadores, para el cimiento de las políticas de retorno.
Además de entregar estimaciones sobre la dinámica del mercado de trabajo en los últimos meses, la edición N⁰ 22 del informe "Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)" explora algunas de las políticas implementadas por los países para proteger el empleo formal, cautelar los ingresos de los trabajadores en la economía formal e informal, y proteger al sector productivo.
Según el documento, la implementación de políticas para la reactivación requerirá de un fuerte componente de formación y educación en seguridad y salud para los actores del mundo del trabajo. Para ello son necesarios recursos institucionales y presupuestarios reforzados que garanticen su cumplimiento, y deben incluir buenas prácticas como la puesta en marcha de un protocolo de salud y seguridad en el trabajo que incluya inducción al personal, la adopción de horarios de entrada y salida desfasados para evitar aglomeraciones, rutinas de desinfección y sistema de lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas, y un protocolo en caso de que algún trabajador presente síntomas.
El documento conjunto de la Cepal y la OIT agrega que de prolongarse la crisis por más tiempo, será necesario una nueva ronda de medidas, orientadas tanto a proteger empleo e ingresos de trabajadores como a limitar impacto en las empresas, con un foco especial en grupos vulnerables como los migrantes en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente al Covid-19.
Impactos de la pandemia
El informe fue presentado de manera simultánea en Santiago y Lima, mediante una conferencia de prensa virtual conjunta encabezada por la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, y el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro. Ambos señalaron que la crisis está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral que serán permanentes, a fin de ir hacia una "normalidad mejor".
"Las políticas para la recuperación deben apuntar no sólo a una 'nueva normalidad' similar a la anterior, sino a una 'normalidad mejor' con mayor formalidad, equidad y diálogo social", indicaron Bárcena y Pinheiro.
Esto considerando un contexto en el que, según la Cepal y la OIT, la pandemia ha generado fuertes efectos negativos en el mercado de trabajo, con consecuencias en el sector formal (reducción de horas, caída de salarios y despidos) e informal (caída de empleo por distanciamiento y prohibición de circulación, menor acceso a compensaciones de ingreso).
Asimismo, advierten que las mujeres trabajadoras son las más vulnerables y los sectores intensivos en mano de obra, como el turismo, comercio, manufactura, inmobiliaria y entretenimiento han sido altamente afectados. Además, las micro y pequeñas empresas (PYME), que concentran 46,6% del total del empleo en la región, tienen alto riesgo de experimentar quiebras.
Antes de la pandemia, América Latina y el Caribe ya mostraba un bajo crecimiento y este año se espera la peor contracción económica desde 1930, con una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) regional estimada de -5,3%, lo que tendrá efectos negativos sobre el mercado de trabajo: se proyecta un aumento de la tasa de desocupación hasta alcanzar un 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados, mientras que se vislumbra también un marcado deterioro de la calidad del empleo, indica el informe.
Aumento de la pobreza
La Cepal estima que para este año la pobreza alcanzaría al 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema, al 13% (83,4 millones de personas), previéndose un aumento de la desigualdad en todos los países de la región.
Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales, por lo que la Cepal ha propuesto un ingreso básico de emergencia (IBE) por un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses. Esto supondría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020.
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