En la última década, el sector hospitalario ha sido una consistente fuente de presión para las arcas fiscales. Un informe publicado en octubre de 2016 por la Dirección de Presupuestos (Dipres) cifró en un 18% la tasa real de incremento en este ítem entre 2008 y 2015.
Y aunque en ese momento el diagnóstico ya apuntaba al constante aumento de las remuneraciones y de la dotación autorizada en los servicios de salud, la partida de Salud se ha seguido sobrejecutando.
Dicho reporte alertaba sobre los mecanismos de transferencia de recursos que “a nivel central, no se tiene mayor injerencia en las decisiones y asignaciones locales, aún cuando los desequilibrios financieros locales sí están impactando en la administración financiera del Estado”.
Una revisión a los datos disponibles desde 2009 refleja que cada año, el desembolso de recursos fue mayor al aprobado por el Congreso.
En 2009, por ejemplo, el gasto superó en un 17% los $ 5,94 billones aprobados en la Ley de Presupuesto para la toda cartera.
Al año siguiente, dicho ritmo se mantuvo estable, y en vez de los $ 6,6 billones aprobados se gastaron $ 7,8 billones. La tendencia al alza si bien no se detuvo, sólo se moderó en 2011 cuando se sobreejecutó en un 6%. Desde entonces, los mayores gastos para la partida solamente conocen de alzas, pasando de sobreejecutar un 7,2% en 2012 a un 13,2% en 2017.
La tendencia para 2018 parece no detenerse, ya que de acuerdo con las últimas cifras reportadas por Dipres, entre enero y marzo se ha sobrepasado en 0,3% los $ 8,1 billones visados para la cartera.
Los puntos a mejorar
Para los expertos, esta situación no es novedadosa.“Hace al menos 9 años, el Ministerio de Salud ha presentado un patrón de ejecución del gasto en el tiempo por sobre su presupuesto inicial asignado, siendo casi la única cartera que año a año presenta excesos de gasto por sobre su límite legal”, afirma el investigador del Obervatorio del Gasto Fiscal, Manuel Henríquez.
Y pese a que, según sus datos, su presupuesto ha subido a un promedio real superior a los $ 610 mil millones anuales, para el experto “sí es posible mejorar el control al gasto público de este sector”.
“Estamos convencidos de que especialmente en el manejo del déficit hospitalario ha habido negligencia y falta de gestión”, remarca.
En ello, apuntan a tres “piedras de tope para el control presupuestario”: la interoperabilidad de los sistemas de compras con los contables financieros del sector público; la falta de control de gastos por parte del Congreso; y las “asimetrías de información” en los informes de ejecución que anualmente son expuestos ante el Congreso y que “son entendibles solo por especialistas”.
La directora ejecutiva del Observatorio, Jeannette von Wolfersdorff enfatizó que “no es entendible que en la era del data, de la nada aparece un déficit de casi US$ 1.000 millones”, en alusión al sobregasto hospitalario que Hacienda proyectó anualmente al menos hasta 2021.
La economista de Libertad y Desarrollo, Macarena García, apuntó a la dificultad que significa contener la deuda en poco tiempo.
“El problema de la deuda que se está generando, que es tan grande, es que reconocerlo en un año o pocos años es imposible. Solucionar el problema en pocos años no es menor. Eso implica restringir el gasto residual que va quedando en forma importante, por lo tanto claramente esto tiene que ser una política de largo plazo”, afirma.
Con todo, remarca la necesidad de abordar el problema como uno estructural. “Lo que preocupa más es todo lo que está pasando con la gente que se están moviendo entre planta, contrata y honorario. Eso tiene que tener un tipo de control mayor”, sostiene.
Mientras, el ministro del ramo, Emilio Santelices, aseguró que las conversaciones con Hacienda por el tema “ya comenzaron” y aseguró que esto “pasa a ser uno de los grandes temas que vamos a tener que ir resolviendo”.
El secretario de Estado aseguró que tras revisar las cuentas bancarias de los servicios de salud “nos encontramos que hay más de $ 6 mil millones que no están conciliados en el transcurso de un año”. A ello sumó $ 22 mil millones en licencias médicas de funcionarios sin cobrar, y US$ 600 millones en irregularidades “en una serie de contratos y de obras que quedaron abandonadas en construcciones de centros de salud, de Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR)”.
En eso, explicó que “estamos haciendo un esfuerzo para poder avanzar y resolver con una serie de reasignaciones y un uso más eficiente de los recursos al interior del ministerio. Sin embargo, dada la magnitud de estas listas de espera que son de 286 mil pacientes no es posible hacerlo solo con reasignaciones y esa es una de las conversaciones que estamos teniendo con Dipres”.
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