El mejor uso de los recursos fiscales ha cruzado la primera semana de debate del proyecto de Ley de Presupuestos 2021, luego de que el Gobierno diera a conocer su decisión de evaluar casi 700 programas estatales en búsqueda de mayores eficiencias y -eventualmente- eliminar o fusionar iniciativas.
Del escrutinio de la oferta programática y la revisión de gastos operativos en el Estado, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) resolvieron reasignar US$ 2.270 millones a proyectos bien evaluados y crear fondos transitorios para enfrentar la emergencia en 2021.
En Libertad y Desarrollo (LyD) valoran los esfuerzos de las autoridades fiscales para repriorizar el destino de los fondos, pero creen que aún es incipiente.
En un informe, el centro de estudios plantea que si bien esta medida apunta en la “dirección correcta” y constituye un “esfuerzo valioso frente a la estrecha situación fiscal que enfrenta el país”, los esfuerzos son “más bien modestos”.
En el documento, el think tank enfatiza que los montos redestinados de cara al próximo año representan apenas el 3,1% del gasto del aparato estatal. Del total, US$ 742 millones provienen de programas mal evaluados luego de una revisión de casi 700 programas, mientras los restantes US$ 1.528 millones provienen de otros ajustes administrativos y priorizaciones.
“Si bien se valoran los esfuerzos en materia de reasignación de recursos públicos hacia áreas ahora más prioritarias, se debe avanzar más aún. Ello no sólo requiere de voluntad e iniciativa por parte del Ejecutivo, sino también apoyo político desde el Congreso”, afirma LyD.
Tres focos de escrutinio
El centro de pensamiento va más allá y plantea una serie de recomendaciones para mejorar la eficiencia y evaluación del gasto fiscal.
En primer lugar, plantea hacerse cargo de la “dispersión” de programas que tienen objetivos similares, pero que están en distintas instituciones. Pone como ejemplo la existencia de 24 iniciativas sociales dirigidas a mujeres, pero repartidas en diez instituciones distintas.
En segunda instancia, apunta a evaluar el gasto en inversión no solo “ex ante”, sino también “a posteriori”, cuando las obras se encuentran ejecutadas y en operación.
“Asimismo, se observa un fuerte fraccionamiento de instituciones que determinan la ejecución de obras de infraestructura en un territorio -servicios públicos, gobiernos regionales, municipios y empresas públicas-, lo que dificulta muchas veces la coordinación y sinergia entre ellos”, plantea el texto.
En un tercer punto, LyD apunta a la organización del Estado, poniendo el foco en que de los 24 ministerios existentes hoy, seis se crearon en la última década, de los cuales al menos dos solo cuentan con un servicio a cargo y, a pesar de ello, tienen seremías a lo largo de las 16 regiones del país.
“Poco se ha estudiado respecto de cómo se organiza nuestro Estado. Qué espacios hay para que, cumpliendo con las mismas funciones, lo pueda hacer con un menor gasto y una menor carga burocrática”, cierra el análisis.
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