Con la preocupación de activar la inversión privada en proyectos de mayor envergadura está el ministro de Economía, Lucas Palacios.
Con la pandemia y el proceso constituyente de fondo, se espera que la inversión caiga 10,6% este año para luego rebotar 8% en 2021, según prevé el Banco Central.
En paralelo, desde el ministerio se identifica a cinco años una cartera de iniciativas nacionales e internacionales por US$ 69.150 millones, a través de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). Mientras que, en lo que referente al flujo de capitales extranjeros, desde InvestChile catastran US$ 18.764 millone al cierre del primer semestre de este año.
“Desde afuera se observa a Chile como un país interesante para invertir”, destaca el secretario de Estado. Pero, advierte, “lo que nos falta es poder extender esa visión a inversionistas nacionales que ven con un mayor nivel de reticencia” el manejo político institucional del país.
A su juicio, la razón está en las mociones parlamentarias que incorporan “algún nivel de riesgo” en el marco jurídico para el desarrollo de negocios futuros. Esto, lo califica de “complicado porque Chile requiere inversión privada -nacional y extranjera- para poder generar un plan de desarrollo con generación de empleo sostenido, para las próximas décadas”.
- ¿Cuál será su foco en esta fase de recuperación de la inversión?
- Hay una estrategia de difusión del marco jurídico desde el cual se va a llevar a cabo la discusión Constitucional. Otra parte del trabajo, es la continua identificación de nudos burocráticos que impiden una rápida ejecución de proyectos de inversión.
Desde el ministerio hemos identificado 31 cuellos de botellas en distintos servicios públicos y hemos generado acciones concretas para agilizar los procesos cuando cumplen con la ley. Este año vamos a tener 20 medidas habilitadas y el resto estarán a marzo. Eso va a disminuir los tiempos de tramitación en un 30%.
-¿Tiene una estimación de cómo esto reactivará la inversión?
-Entre este y el próximo año estamos apostando a la creación de 120 mil puestos de trabajos nuevos. Esto es inversión privada, si le sumamos la pública se están generando 150 mil.
-Esto es con lo que ya contempla el catastro de GPS. ¿Cuánto espera que crezca el monto con inversión nueva?
-Tenemos dos grandes objetivos. En primer lugar de los proyectos que actualmente están registrados en GPS -que suman casi US$ 70 mil millones- el 40% son mineros, lo que quisiéramos es que vaya disminuyendo el peso relativo de ellos y que se sume más inversión en Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y también de otros proyectos productivos que consideramos de mucha relevancia, donde tenemos ventajas competitivas, como servicios, logística, agroindustria e inmobiliario.
El otro objetivo que nos hemos puesto de aquí al término de 2021 es que me gustaría que en diciembre de 2021 yo pudiera decir: estamos cercanos a los US$ 100 mil millones para los próximos cinco años.
El ruido en el Congreso
- ¿El Gobierno está haciendo algún análisis por la transacción de Naturgy y State Grid en la venta de CGE?
- Nuestro país recibe toda inversión internacional en la medida que respete la normativa nacional, eso es lo primero. Lo segundo es que la Fiscalía Nacional Económica hace diferentes análisis -en este caso también lo está haciendo- respecto de niveles de concentración de mercado.
Quizás, la preocupación es por qué razón Naturgy tomó la decisión de vender. Eso es algo que nos preocupa, porque puede ser parte de un diagnóstico que desconocemos y que me gustaría, por supuesto, conocer.
-¿No le preocupa que la inquietud sobre aspectos geopolíticos afecte a la imagen internacional del país?
- Lo importante es que cualquier capital que llegue a Chile respete las normas y la legislación. Eso es lo más importante de todo, y que no exista en materia de concentración de mercado ningún impacto negativo. Esos son los temas que desde el punto de vista económico más nos preocupan.
- ¿Qué postura tiene sobre lo que ocurre con la iniciativa parlamentaria que busca anular la Ley de Pesca?
- Aquí lo importante es poder visibilizar las consecuencias de lo que eso significaría para los pescadores artesanales y la industria pesquera nacional. Me da la impresión que muchos de esos parlamentarios no han sopesado cuál es el daño que implicaría la aprobación de esa ley en el sentido de que entraría en vigencia la ley de 1991 (…) Entonces, esta ley se anularía, una cosa que es inédita en nuestra historia jurídica, lo que sería nocivo para la salvaguarda del recurso pesquero y también para el orden institucional que se requiere.
-¿Qué hará al respecto? Esto generaría un mal precedente para cualquier inversionista...
- Sería un muy mal precedente, por eso que el mayor riesgo que yo veo para la inversión está en ciertas mociones parlamentarias que me parecen irresponsables, porque no consideran las consecuencias. Lo que hemos hecho es visibilizar estas consecuencias y hacer las reservas de constitucionalidad que corresponden en el Congreso.
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