Segunda jornada de negociaciones y de despacho en paralelo de las partidas del Presupuesto 2021 en la comisión especial mixta, sesión que a diferencia de la del lunes, contó con un mejor ánimo entre los parlamentarios y el Ejecutivo.
Por lo mismo, los equipos negociadores del gobierno -liderados por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el director de Presupuestos, Matías Acevedo- acordaron junto a sus contrapartes parlamentarias nuevas indicaciones al erario, avanzando en algunos de los tópicos que han generado discrepancias entre las partes.
Hacienda se abrió a reasignar $ 42.000 millones para el Ministerio de Ciencias en las áreas de investigación y capital humano avanzado, con foco en escasez hídrica, cambio climático, envejecimiento de la población, cambio tecnológico e hidrógeno verde. Se incluirán recursos para el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, la innovación empresarial, la innovación de base científica y las capacidades tecnológicas, entre otros.
En la cartera de Salud, se propuso un incremento de 1,5% en los recursos per cápita para la atención primaria. Mientras que también se acordó reasignar $ 1.000 millones para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el programa de reparación por las violaciones a los DDHH durante la crisis social.
Otro de los acuerdos logrados entre las partes establece que se extenderá la duración de los subsidios a la contratación y regreso de trabajadores, pero solo para las PYME.
Así, las compañías pequeñas y medianas podrán acceder a la bonificación por hasta ocho meses, desde los seis meses que considera el diseño actual. La indicación que da forma a ese acuerdo se presentará hoy.
Ayer, se despacharon a la Cámara los fondos para las carteras de Justicia, Vivienda, Obras Públicas y Medio Ambiente. Quedaron pendientes las partidas del Servel y el Ministerio del Trabajo.
A ley el Fondo Covid
En tanto, la Sala del Senado dio luz verde al informe de la comisión mixta y despachó a ley el proyecto que crea el Fondo Covid-19, instrumento que considera recursos por hasta US$ 12.000 millones para enfrentar la emergencia sanitaria por los próximos 24 meses.
Entre otros puntos, la normativa prohíbe la transferencia de recursos o el apoyo financiero del Fondo a empresas controladas por sociedades con domicilio principal o que tengan filiales en paraísos fiscales; y también a empresas que se encuentren condenadas por sentencia firme y ejecutoriada por ilícitos graves contra la libre competencia.
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