El Gobierno puso sus primeras cartas sobre la mesa, en el marco de las negociaciones por los “mínimos comunes” con el Congreso para solventar nuevas ayudas sociales y financiarlas con aportes de los más altos patrimonios.
Ayer hizo llegar una minuta con propuestas a los parlamentarios oficialistas y de oposición, donde destaca el aumento de la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) al 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH).
A su vez, planteó medidas tributarias para solventar el mayor gasto, a través de la “revisión” de exenciones y tratamientos diferenciados emblemáticos, como el crédito de IVA en favor de la construcción, y el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, que exime de impuestos las ganancias de capital por operaciones bursátiles con instrumentos líquidos. A esto se suma ampliar la ventana para recaudar impuestos desde el FUT acumulado y un nuevo mecanismo transitorio para declarar capitales en el exterior, similar al de la reforma tributaria de 2014.
Aunque existe disposición a conversar, las ideas no cumplen con los mínimos exigidos por la oposición. Por ejemplo, el IFE no es una renta básica universal que esté sobre la línea de la pobreza ($ 171.000), alega la oposición.
El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) -de la comisión de Hacienda- valoró el ajuste del IFE, pero dijo que “no significa que sea para el 100% de la población”. Además, consignó que US$ 1.000 millones para ir en ayuda de las PYME es “insuficiente” y que el tema tributario es “esencial” de abordar, junto con generar un itinerario que considere el royalty e impuestos a los altos patrimonios.
Una postura similar expresó el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), quien en el área tributaria sugirió remitirse al informe de los expertos convocados por Hacienda, y terminar con las exenciones a los fondos de inversión, renta presunta, al crédito por impuesto al diésel para industrias y transporte de carga, entre otras.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Daniel Núñez (PC), insistió en que el Gobierno no toca las exenciones que el sector pretende eliminar, pero la clave -dijo- es que esa discusión vaya acompañada por el impuesto a los “súper ricos” y el royalty.
Sin embargo, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien ha liderado los contactos con el Ejecutivo, aclaró que la propuesta del Gobierno “se complementa” con la que elaborará la oposición después que termine la ronda de conversaciones que está sosteniendo con múltiples organismos.
Mientras que la presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (DC), informó que espera tener este jueves un informe con una propuesta sobre el IFE.
Visión de los privados
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) abordaron el ajuste propuesto por el Gobierno al crédito especial de IVA al sector. “El desafío es lograrlo sin impactar el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables, de grupos emergentes y de parte de la clase media, quienes son los beneficiarios directos de esta exención”, dijeron.
“Como gremio, creemos que es posible perfeccionarla y, a su vez, que siga siendo un instrumento que contribuya a reducir el déficit habitacional”, señalaron.
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