El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se encuentra analizando una serie de proyectos de inversión por US$ 10.679 millones, que impactan significativamente a pueblos indígenas, los que deberán ajustarse al proceso de consulta que establece el convenio 169 de la OIT y que se encuentra diseñando el gobierno.
Entre los proyectos se cuentan principalmente los relativos a faenas mineras y de desarrollo energético.
En este plano destaca la optimización del proyecto Minero Cerro Casale en Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla con una inversión estimada de
US$ 5.200 millones y el proyecto Minero Volcán en Copiapó por US$ 800 millones (ver recuadro).
El gobierno se ha puesto como plazo para poner en marcha la consulta indígena durante el primer semestre de 2013. Para tal efecto el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) se encuentra liderándo un proceso interministerial para establecer qué, cómo y cuándo consultar.
Asimismo, se debe definir qué se entiende por afectación de las comunidades o pueblos originarios.
Todo lo anterior buscará entregar claridad a un mecanismo que se ajustará a la norma internacional y que pretende evitar la judicialización de procesos y por el contrario, legitimizar al amparo de la ley, la construcción de proyectos de inversión en conjunto con el respeto al medio ambiente y los pueblos originarios.
Cabe señalar que en agosto pasado el gobierno, a través del ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, entregó la propuesta borrador de “Reglamento sobre Consulta y Participación Indígena” a los representantes de los pueblos originarios con el objetivo de que sean consultados y aporten sugerencias y modificaciones que -una vez consensuadas-, permitan tener un reglamento definitivo que norme la consulta indígena en el país en base al Convenio 169 de la OIT.
Respecto al tema, el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, precisó que “la consulta no es simbólica, pero de acuerdo a lo que señaló el Tribunal Constitucional, cuando revisó el Convenio 169; la consulta no es vinculante, pero tiene que ser hecha con un estándar de buena fe, o sea, no puede ser un check list”.
A nivel parlamentario también han surgido planteamientos respecto a qué normas deben ser objeto de la consulta; entre estas se cuentan la Ley de Pesca, la reforma que reconoce constitucionalmente a los pueblos originarios, los cambios al borde costero, y la carretera eléctrica, entre otros.
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