Se aproxima la discusión del Presupuesto para 2022, y como en cada oportunidad en que corresponde un cambio de administración, uno de los temas centrales será definir el monto de libre disponibilidad que heredará quien arribe a La Moneda en marzo del próximo año, en un contexto de tensión para las arcas fiscales debido a los recursos gastados en enfrentar la pandemia.
Si bien no hay ninguna obligación legal, existe una tradición republicana que se ha venido dando en los últimos gobiernos.
La presidenta de la comisión mixta de Presupuestos, Ximena Rincón (DC), recuerda que en su primer período Sebastián Piñera dejó asignado en la tramitación del Presupuesto 2014 US$ 600 millones para el comienzo de Michelle Bachelet II. Asimismo, dicha gestión, en la tramitación del erario 2018, entregó US$ 718 millones para el regreso de Piñera.
La legisladora anticipa que “es de esperar, que a pesar de las condiciones económicas provocadas por las circunstancias sanitarias y contingentes”, se asigne un monto relevante para el próximo mandato presidencial.
El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sostiene que pese a la situación de las arcas fiscales, se tendrá que hacer un “esfuerzo para que el futuro Gobierno, sea del signo político que sea, tenga alguna base mínima de recursos que le permitan desplegarse desde el punto de vista de su programa y propuestas. Se trata de cuidar la democracia”.
Para establecer ese monto, explica el senador José García Ruminot (RM), deberán pedir a la Dirección de Presupuestos estimaciones de gasto público que podrían concretarse. “Siempre ha habido un fondo, pero el nuevo Ejecutivo tendrá también facultades de reasignación de gasto para atender sus prioridades y primeros meses de Gobierno”, recalca.
A juicio de su par socialista, el senador Carlos Montes, “será complejo fijar una cifra”, pues este año se está gastando más de US$ 10 mil millones adicionales y el año pasado fueron US$ 12 mil millones.
Así y todo, estima que el Presupuesto 2022 deberá considerar la situación de la pandemia, eventuales nuevos brotes y recursos para un plan de reactivación adicional, además de fondos que permitan al Gobierno iniciar su programa.
El diputado Guillermo Ramírez (UDI) plantea que el fondo de libre disposición debe ser lo más acotado posible, “sobre todo en momentos de estrés fiscal. Espero que el monto aprobado sea mucho menor a los US$ 718 millones que dejó la presidenta Bachelet en 2017”.
Postura de candidatos
La cantidad de recursos que heredará una eventual administración es un debate que se está dando por estos días en los comandos presidenciales.
Para Germán Vera, asesor de la carta de RN Mario Desbordes, todo apunta a que debería haber el “suficiente consenso” para aumentar los dineros de libre disponibilidad con respecto al promedio histórico. “La cifra dura estará marcada por la evolución de la crisis sanitaria en el tercer trimestre”, agrega.
De espacio para un fondo importante habla el asesor del aspirante del PC Daniel Jadue, Fernando Carmona.
“Los mayores ingresos previstos del cobre respecto a la proyección oficial a 10 años así lo permiten”, señala, y anticipa que “enviaremos en marzo un proyecto correctivo del Presupuesto en los aspectos que resulten necesarios. Habrá un nuevo Gobierno y un nuevo Parlamento”.
Desde el comando de Ignacio Briones (Evópoli), el asesor Sebastián Izquierdo indica que el nivel de gasto de este último tiempo ha sido “muy alto”, llegando a un aumento real mayor al 20% este 2021.
Frente a esto, cree que el desafío de responsabilidad y sostenibilidad fiscal es algo que el próximo gobierno deberá enfrentar.
Dado ese contexto, dice, “no es de extrañar que dentro de la Ley de Presupuesto 2022 no se incorpore un fondo de libre disposición; pero no tener este fondo no significa quedarse con las manos atadas, existen fórmulas para aumentar recursos. Avanzando en mayor eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos el gobierno podrá contar con más presupuesto, sin duda”.
Tomás Flores, asesor de Joaquín Lavín (UDI), ve complejo el espacio para que ese fondo exista. “Revisamos los números y es muy poco probable contar con un fondo de libre disponibilidad para la siguiente administración”, explica.
Mientras que para Javiera Martínez, asesora de Gabriel Boric (Convergencia Social), si bien es relevante la libre disponibilidad, “no hay que perder de vista el fondo Covid que tiene para utilizarse hasta junio del 2022, pero miramos con precaución su lenta ejecución en materia de empleo e inversión”. Indica que “lo que queremos evitar es que por cumplir con su ejecución para el 2021 o por mezquindad política, se termine gastando mal”.
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