Una propuesta centrada en el papel que puede jugar el aparato estatal en los ejes de dinamizar el reemprendimiento, fortalecer la demanda interna y cimentar un mayor potencial de crecimiento hizo el director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo, Hernán Cheyre, de cara a la etapa que iniciará el país luego de la pandemia.
“Más allá de la discusión referida al monto y graduación que debe haber en el uso de recursos fiscales en esta especial coyuntura, ya empieza a surgir un debate que es más de fondo, relativo al alcance que debe tener la participación del Estado en la economía en la próxima etapa”, afirmó el economista y exvicepresidente ejecutivo de Corfo.
A través de un documento de 17 páginas, Cheyre destacó la importancia de facilitar la tarea a los emprendedores y, al mismo tiempo, impulsar “programas de reentrenamiento a trabajadores”. Explicó que en un contexto en que se anticipa un aumento “dramático” del número de desempleados -unos 1,5 millones si la tasa de desocupación sube a 15%-, la posibilidad de reinserción laboral en el ámbito formal dependerá, además de la reactivación económica, de la calificación que tengan los trabajadores para poder desempeñarse en nuevas actividades.
Ante esto, y en un contexto en que se avanza hacia una mayor digitalización, argumentó que el Estado -a través de las reparticiones correspondientes- debería asumir como prioridad tener capacitaciones disponibles en este ámbito. A ello, agrega que para quienes reciban ayuda estatal durante su permanencia como desempleados estos debieran ser obligatorios.
En paralelo, consideró necesario fortalecer los mecanismos de subsidio a la contratación de trabajadores hoy vigentes, “que actúe como un incentivo, y que a la vez cumpla el papel de quitar presión a los mecanismos de subsidio que ya se están está entregando a quienes perdieron su empleo”.
Más inversión
En el ámbito de fomentar la demanda, señaló que “a pesar de lo plenamente justificable” que es el esfuerzo fiscal para apoyar los ingresos de quienes se han visto afectados por la crisis sanitaria y para proteger el empleo en empresas con problemas de liquidez, es necesario que el Estado desarticule de manera oportuna, los mecanismos que ha implementado para contenerlos. El énfasis lo hace en que se trata de herramientas “transitorias” que son “insostenibles financieramente en el tiempo” asumiendo que existen otras demandas sociales “permanentes” que deberán ser atendidas.
“A pesar de las presiones que van a surgir para prolongarlas en el tiempo, en aras de los otros objetivos, así como de la más elemental disciplina financiera, el Gobierno debe preocuparse de desarmar el andamiaje que se armó para enfrentar esta situación de emergencia”, explica.
Esto debería ir de la mano de un fortalecimiento de programas de inversión pública de más rápida ejecución.
Como parte de las iniciativas para apuntalar el crecimiento, Cheyre esgrimió la necesidad de adecuar la normativa hacia la “nueva realidad” que dejará el coronavirus, como en el caso del teletrabajo. En esta dirección argumentó que las nuevas formas de interacción que quedarán instaladas como “un nuevo hábito”, basadas en operaciones en plataformas digitales, no sólo imponen desafíos logísticos -como puede ser para el comercio- sino que se deberá fortalecer y desarrollar nuevos medios de pagos electrónicos, el uso masivo de la firma electrónica, y la intermediación financiera. Todo ello, a su juicio, implican “muchos cambios regulatorios que va a ser necesario abordar para poder avanzar por esta vía digital”.
Los planteamientos de la UDI:
extensión de medidas vigentes y futura reforma laboral
"De la Crisis a la Esperanza: Urgencias sociales y reactivación económica". Así se llama el documento que el grupo de técnicos y parlamentarios de la UDI elaboró en el marco del acuerdo nacional al que llamó el Presidente Sebastián Piñera a principios de semana.
La propuesta, que será presentada al mandatario y a los ministros de Hacienda e Interior, considera medidas de corto y mediano plazo para enfrentar la contingencia propia de la crisis y la posterior reactivación. Para lo más inmediato solicitan la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia por tres meses, la entrega de cajas de alimentos y establecer un bono de "gratitud" al personal de salud que trabaja en la primera línea de esta emergencia.
Para el largo plazo plantean una reforma laboral, dado que la realidad del empleo será distinta posterior a la pandemia. Sectores completos tendrán un enfoque distinto para la contratación (servicios, comercio, etc.).
"La legislación nacional no promueve un proceso de ajuste, con el riesgo de aumentar la informalidad. El teletrabajo y la adaptabilidad pactada serán esenciales", advierten.
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