El resultado del plebiscito fue el tema principal de análisis de los bancos de inversión y consultoras internacionales en la jornada posterior al triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional.
Entre los análisis, las entidades de Wall Street coincidieron en que el debate por una nueva carta Magna derivará en un mayor peso del Estado en la economía y la provisión de bienes sociales, lo que implicará un incremento en el gasto público. Eso sí, no lograron un consenso respecto a cuán radicales podrían ser los cambios a la institucionalidad chilena.
Cuando casi el 91% de los votos ya estaban contados, el economista jefe de JPMorgan para el Cono Sur, Diego Pereira, comenzó a escribir un comentario sobre lo que estaba ocurriendo en el país, en el cual se lee que el quórum de participación alcanzado no es "lo suficientemente alto para proporcionar al sistema político una carta blanca completa a la hora de redactar el nuevo proyecto de ley".
Desde Goldman Sachs, el economista para Latinoamérica, Paulo Mateus, aseguró que la alta votación en el plebiscito sugiere un "amplio apoyo a cambios más profundos en la Constitución", planteando que los dos tercios requeridos para aprobar los artículos deberían "limitar la probabilidad de cambios radicales".
Según comentó a DF, "cuestiones como el derecho a la cobertura de salud y la educación seguramente estarán sobre la mesa, y también los derechos de propiedad sobre los recursos naturales. La nueva Constitución también puede incorporar cambios al sistema de pensiones, que ya se está debatiendo en las propuestas de reforma en el Congreso". Esto, planteó el experto, agregaría más presión sobre las cuentas fiscales, que ya han estado en una "senda de deterioro" durante los últimos años.
En contraposición, la economista de Bank of America para Chile y Brasil, Ana Madeira, anticipó un "largo período de gran incertidumbre" post plebiscito, asegurando -en un informe enviado a clientes- que el margen por el cual ganó el "Apruebo" en las urnas da apoyo a los partidos de oposición, y a su juicio "podría aumentar los riesgos de cambios más amplios al modelo económico actual".
La nueva Carta Magna implica, según la experta, un período de incertidumbre de dos años "que mantiene a raya el consumo privado y la inversión" por un lado, y por el otro, el deterioro del equilibrio fiscal, ya que "la nueva Constitución probablemente tendrá más derechos sociales y, por lo tanto, un mayor gasto".
A la redacción del nuevo texto fundamental, la economista de BofA añade preocupaciones por las elecciones presidenciales de noviembre del próximo año, que se sumarán a la "incertidumbre de la futura agenda económica del país".
Mientras que el economista para América Latina de Capital Economics, Nikhil Sanghani, coincidió en que el hito "pondrá en marcha la bola hacia el afianzamiento de un papel más importante del Estado en la economía".
"El camino por delante está lleno de incertidumbres y volver a redactar la Constitución será un proceso complejo", advirtió el experto, quien indicó que las consecuencias económicas de un Estado más grande no están claras.
"Por un lado, mejorar la provisión de salud y educación podría impulsar el lado de la oferta de la economía y el crecimiento potencial. Y, en la medida en que reduzca el ahorro en la economía, la reducción de la desigualdad de ingresos puede ayudar a impulsar la demanda agregada", exhibió un informe enviado hoy por la consultora.
En segundo punto, la firma británica señaló que el cambio político hacia un crecimiento más inclusivo puede afectar al Banco Central, cuya independencia "podría verse debilitada".
En una línea similar, el economista jefe para América Latina de UBS, Rafael de la Fuente, indicó que "cualquier cambio potencial en la independencia y el mandato del Banco Central sería extremadamente importante".
Además, señaló que están "particularmente interesados en ver qué cambios introduce la nueva Constitución con respecto a la ampliación de la red de bienestar de Chile", por lo que específicamente estarán monitoreando el compromiso del nuevo texto en cuanto a servicios públicos en áreas de salud, educación y pensiones.
El optimismo de Moody´s Analytics
Por su parte, el director para América Latina de Moody's Analytics, Alfredo Coutiño, si bien alerta que el proceso que ahora comienza "no está exento de fricciones y nuevas protestas sociales", considera que es posible que en cuanto se definan los temas centrales y se logre un avance en el debate y acuerdos, las perspectivas para el país podrían mejorar "de manera considerable" para el mediano plazo.
"La inclusión de los derechos sociales en el país va a lograr una mayor tranquilidad social en donde las demandas de la población van a tener un cauce legal y definitivamente reduciría la presión en las calles, lo cual ha sido un azote para las actividades económicas y la vida nacional", argumenta.
Según el economista, un tema central en las discusiones debiesen ser las "reformas sociales' que enfrenten el problema de la desigualdad y pobreza en el país y el nuevo papel del Estado como promotor del progreso social".
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