Lejos de calmar las aguas, la presentación de la propuesta de pacto fiscal del Gobierno no hizo más que alojar el debate tributario, nuevamente en el Congreso. Ello, porque tras conocer el diseño de la iniciativa, el presidente y senador de la UDI, Javier Macaya, advirtió que el proyecto en que se traduzcan las medidas contempladas podría resultar inconstitucional, pues aborda aspectos contenidos en la reforma tributaria que la Cámara rechazó a inicios de año.
De hecho, el jefe de bancada de senadores gremialistas, Gustavo Sanhueza, confirmó que de ser así concurrirán al Tribunal Constitucional (TC), ya sea que detecten vicios en la totalidad del proyecto o en algunas de sus partes.
El debate no sólo se abrió en el ámbito parlamentario, sino también entre algunos abogados que siguen el tema, entre los que no hay un nítido consenso, aunque parten de la base de que aún no existe un proyecto o proyectos con los cuales contrastar.
Sin embargo, el parlamentario aclaró que el primer filtro que tendría que pasar el proyecto es el de la Secretaría de la Cámara de Diputados, pues si este organismo determina que tiene inconstitucionalidades no debería avanzar.
Y si bien la Sala podría forzar una votación para determinar la admisibilidad de la iniciativa –añade-, “ese sería el primer precedente respecto a cómo está presentando el proyecto, el Gobierno”.
El debate no sólo se abrió en el ámbito parlamentario, sino también entre algunos abogados que siguen el tema, entre los que no hay un nítido consenso, aunque parten de la base de que aún no existe un proyecto o proyectos con los cuales contrastar.
Pero uno de los que es tajante en su postura contraria a la inconstitucionalidad, es el profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica, Felipe Bravo, para quien el punto es que la lectura de la idea matriz, entendida como el objetivo del proyecto, no puede ser tan estricta como para impedir que un gobierno legisle sobre alguna materia en un año, explica.
El experto añade que la regulación que contempla un proyecto puede ser muy distinta, pese a apuntar a un mismo objetivo, por lo que opina que “quienes plantean la inconstitucionalidad, hacen una lectura muy restrictiva”.
La mirada de Bravo es compartida por el abogado socio de Sarmiento y Walker, William García, quien discurre acerca de qué tanto se puede limitar el debate o decir que el segundo proyecto es idéntico al primero.
En el marco de esta reflexión –dice- puede haber un espacio para la interpretación que “no puede ser tan estricta que impida que los poderes democráticos discutan sobre una política pública”. Y añade el dato de que en este caso se da la particularidad de que el primer proyecto abordaba todos los aspectos de una política tributaria, por lo que si se aplica la regla a que apela la oposición “significa que no puede haber ninguna discusión tributaria en el plazo de un año”.
¿La misma iniciativa?
En contraste, el abogado Álvaro Moraga, de Moraga & Cía., es enfático: la norma constitucional establece que no se puede presentar durante un año un proyecto que haya sido rechazado en general en la Cámara de origen y, por lo tanto, “si lo hace, ya sea del texto completo o de un artículo de ese texto que fue rechazado cae en inconstitucionalidad, porque la Constitución dice expresamente que no se puede”.
Considerando comprensible la aprensión de la oposición, el abogado Ignacio Ried, socio de Quintana, Ried y Flores, explica que es razonable pensar que la norma se diseñó para que los contenidos de ambos proyectos no fueran los mismos, “independientemente de que en algunos aspectos cambien”, pues lo que se busca “es prevenir que el Presidente insista, una y otra vez, con un proyecto que el Congreso no va a dejar pasar”.
Si bien Paula Madariaga, directora de Grupo Tributario de Aninat Abogados, sostiene que es prematuro pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de un proyecto que no se conoce, agrega que todo dependerá de si la iniciativa que finalmente presente el Gobierno “es el mismo proyecto disfrazado o uno nuevo. Ahí puede haber matices”.
Uno de los aspectos que podría generar una discusión respecto vicio de inconstitucionalidad es lo que tiene que ver con la aplicación de la norma antielusión, si es que el Gobierno insiste en presentarla como en el primer proyecto de reforma tributaria. Las señales desde Hacienda apuntan en sentido contrario: serían distintos.
Carlos Claussen, socio de Claussen y Velasco, y docente de la Facultad de Derecho de la UDD, señala que ya la Cámara recurrió a un “artilugio” para sortear la inconstitucionalidad cuando se tramitaban los retiros hace unos meses, por lo que “si se pretendiera insistir ante la misma Cámara de Diputados, sobre la base de tratar de disimular las materias de fondo”, también existiría un vicio de inconstitucionalidad si el proyecto en sus partes esenciales es el mismo.
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