Una reforma constitucional que establece la incompatibilidad entre los altos cargos públicos del Estado y la calidad de inversionistas en países que cuenten con un régimen fiscal preferencial, o paraísos fiscales, incluyendo al Presidente de la República, presentó el diputado Gabriel Ascencio (DC).
La iniciativa, de artículo único, establece que "no podrán ejercer el cargo de Presidente de la República, ministro de Estado, subsecretario, gobernador regional, senador, diputado, director de empresas públicas, oficial de las FFAA y de orden y seguridad pública, director o administrador de sociedades u organismos que administren fondos de pensiones o de Instituciones de Salud Previsional, ni administrador o sostenedor de entidades de educación que reciban subvención o financiamiento fiscal, las personas que mantengan, a través de sí o de terceros relacionados, inversiones en países señalados por el Servicio de Impuestos Internos como un paraíso fiscal".
Entre los antecedentes del proyecto, el diputado esgrime que los "paraísos fiscales aumentan la concentración de la riqueza en manos de quienes tienen la posibilidad de realizar inversiones en ellos, lo que ahonda las desigualdades sociales al no tributar estos dineros en los países desde los que son destinados".
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Conflicto de interés
Y añade que a través de los llamados "paraísos fiscales" se habilita a quienes tienen más recursos a trasladar su dinero a países donde no tienen la obligación de declararlo, evitando con ello cargas fiscales, lo que –a juicio de Ascencio- "va en directo perjuicio para los ciudadanos que se benefician de los programas sociales o gastos del Estado en ayudas directas o indirectas a la población".
El diputado falangista defiende la iniciativa, asegurando que "quienes dirigen un gobierno, o tienen altos cargos en la administración pública, el Parlamento o las empresas públicas, deben ser promotores de la transparencia, tanto en el ejercicio de dicha función como en los negocios que personalmente llevan adelante y que podrían significar algún conflicto entre el interés público y el propio".
Y añade que el uso de los "paraísos fiscales para ocultar las ganancias", significa un millonario perjuicio para las arcas fiscales de Chile.
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