Aunque para algunos sectores de la oposición no es políticamente correcto pensar en un rescate a las grandes empresas que, producto del estallido social y posterior crisis sanitaria, arriesgan caer en la quiebra, el senador Felipe Harboe (PPD) sostiene que es una medida necesaria para evitar la pérdida de empleos, lo que "puede aumentar los niveles de pobreza".
Por ello es que está elaborando una propuesta en esta materia. En esta entrevista explica los lineamientos que debería tener la fórmula indicada.
-Está cobrando fuerza la idea de que el gobierno vaya al rescate de las grandes empresas, usted es uno de los senadores que se abrió a eso, ¿por qué?-
-Tenemos que asumir que Chile no va a ser el mismo después del estallido social y esta pandemia, y probablemente hay algunas empresas que, independiente de sus capacidades financieras, no logren soportar. Por tanto, se abre la necesidad de estudiar mecanismos para ayudar a algunas de ellas.
-¿Qué requisitos tendrían que cumplir las empresas que se vieran favorecidas con ayuda estatal?
-Primero hay que fijar qué tipo de empresa podría ser rescatada, que son aquellas que pueden generar riesgo sistémico, que afecte a un importante número de trabajadores, principalmente.
-¿Cómo se decide qué empresa cumple con los criterios?
-Es muy importante que esa definición la adopte una institucionalidad transparente, cuyos criterios de rescate sean públicos, conocidos, con información objetiva; no una autoridad, porque estamos hablando de recursos públicos.
-Para acotar la idea, ¿con qué número de trabajadores deberían contar las empresas seleccionadas? Y ¿cómo debería ser la institucionalidad a cargo?
-No soy experto en la regulación específica de estas materias, pero tanto el número de trabajadores como la calidad de riesgo sistémico de una empresa y la institucionalidad tendrán que ser definidos en el Parlamento. Pero lo más importante es que los criterios de decisión sean objetivos. Por lo que, adicionalmente a todo lo anterior, habría que incorporar que sólo puede rescatarse a través de recursos públicos directos, a través de la compra de acciones, bonos, etc., o a través de la generación de garantías.
"Flexibilidad ideológica"
-¿Para proteger al Estado?
-Claro, es muy importante que quede establecido que el Estado tiene que resguardar sus derechos sea en forma de propiedad, de acciones preferentes, de alguna forma de participación. La fórmula que sea de mayor conveniencia. Lo importante es entender que el momento que está viviendo el país requiere de flexibilidad ideológica, pensando en evitar la destrucción estructural de puestos de empleo, que puede aumentar los niveles de pobreza en Chile.
-Dado que el rescate se haría con recursos del Estado, ¿qué tan restrictivo debiera ser?
-Se debieran poner ciertas condiciones. Lo que se ha hecho a nivel de experiencia comparada es que se congelan los bonos de los altos ejecutivos, imposibilidad de despidos, no se consideran las empresas que tienen inversiones en paraísos fiscales, también se podría prohibir el reparto de utilidades o dividendos, mientras dure la participación de los recursos públicos... Y, adicionalmente, por qué no aprovechar la oportunidad de exigir compromisos de esa empresa para efectos de aportar a la reducción del calentamiento global, por ejemplo.
-¿Es posible aplicar el modelo de Alemania que rescató Lufthansa tomando el 25% de la propiedad?
-Es perfectamente posible. Insisto, aquí hay que romper con prejuicios ideológicos. Hay quienes dicen que el Estado no puede ingresar a la propiedad de una empresa, pero mi percepción es que no están las condiciones para poner prejuicios delante de las soluciones. Lo importante es salvaguardar el patrimonio público y que el objetivo sea rescatar empresas y no empresarios o accionistas.
Estado empresario
-Los empresarios que se oponen a que el rescate se haga a través de la propiedad, esgrimen que el Estado es un mal empresario.
-No se puede pretender pedir que el Estado vaya a salvar una empresa si esa empresa que requiere ayuda pone condiciones imposibles. Si una empresa requiere de un rescate público tendrá que someterse a las consideraciones, requisitos y condiciones que establezca el sector público.
-¿Cree que la idea de que el Estado vaya al rescate de algunas grandes empresas tenga piso en el Congreso?
-No, creo que una decisión como esta no es pacífica. Pero hay que tener la estatura suficiente para entender que el país, hoy, requiere de acuerdos amplios que salvaguarden el patrimonio público y que, sin prejuicios ideológicos, se esté dispuesto a ayudar a las personas. Cuando se salva una empresa, principalmente, se está dando continuidad laboral a sus trabajadores y detrás de cada uno de ellos hay familias. No obstante, no resulta aceptable que un empresario establezca que como el Estado no ha sido un buen empresario en el pasado, no pueda hacerse de la propiedad. Si esa es la consideración que no pida el rescate.
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