Por estos días se ha generalizado la sensación de que superada la crisis sanitaria, Chile podría convertirse nuevamente en un destino privilegiado para la inmigración. Y por eso el gobierno le puso urgencia a la normativa que regula la llegada de extranjeros y crea una institucionalidad para hacerse cargo de este fenómeno.
El proyecto de Ley de Migración y Extranjería, que ingresó al Congreso en diciembre de 2013 a pocos meses del término de la primera administración de Sebastián Piñera, está en segundo trámite en el Senado y después de casi siete años, todo parece indicar que le queda muy poco camino por delante.
Ayer venció la urgencia de discusión inmediata que le puso el Ejecutivo el martes 28 de abril, cuando la iniciativa llegaba a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta y el presidente de esta instancia, senador Juan Ignacio Latorre le advertía al ministro de Interior, Gonzalo Blumel que tendría que renovar dicha urgencia, porque "la vamos a tramitar con sentido de urgencia, pero no a la rápida".
Para terminar de revisar algunas indicaciones, Latorre espera citar esta semana a la comisión, pero luego el proyecto debe pasar a Hacienda, tras lo cual se votará en particular. Y el senador socialista Juan Pablo Letelier –quien participó en la tramitación desde la Comisión de Gobierno- cree muy poco probable que haya un tercer trámite, pues "se mejoró mucho lo que llegó de la Cámara". Desde el punto de vista del parlamentario opositor existe bastante consenso entre todos los sectores con la normativa que resultará.
La iniciativa, crea el Servicio Nacional de Migraciones, un Consejo de Política Migratoria y un Registro Nacional de Extranjeros con el fin de que el Estado cree e implemente las políticas de migración y los programas para que éstas se ejecuten. Además entrega una serie de definiciones clave.
Solo con permiso y fuertes multas
En materia laboral, la nueva normativa establece que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los chilenos, pero que deberán hacerlo con permiso de trabajo. Si no será deportado, salvo que por alguna razón sea un peligro para él volver a su país de origen.
Y las empresas que contraten a extranjeros sin permiso de residencia o permanencia deberán pagar multa según el tamaño de la firma: microempresa de 1 a 20 UTM, pequeña empresa (10-40 UTM) , mediana empresa (30-100 UTM) y gran empresa (60 a 200 UTM).
Además, el empleador sancionado reincidentemente no podrá contratar con el Estado por hasta tres años.
Sobre los títulos profesionales obtenidos fuera del país, la norma abre la posibilidad para que diversos profesionales de la salud puedan establecerse y revalidar sus estudios en hasta cinco años.
Hijos con gratuidad
La Política Nacional de Migración y Extranjería definirá los idiomas adicionales al español en que se comunicará la información para la población de origen externo, la que tendrá acceso a la seguridad social y los beneficios de cargo fiscal, incluyendo la gratuidad para la educación superior, pero no los bonos en dinero, a no ser que lleven legalmente más de dos años en el país.
Además, las instituciones de educación superior deberán crear una nómina de extranjeros matriculados
La política migratoria será definida por el presidente de la República y al menos cada cuatro años podrá ser modificada. Quedarán prohibidas las expulsiones colectivas y Relaciones Exteriores deberá llevar un Registro Nacional de Extranjeros.
Según el proyecto, el Consejo de Política Migratoria, será presidido por el Ministro del Interior y estará integrado también por sus pares de Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia , Desarrollo Social, Salud y Trabajo. Tendrán derecho solo a voz, los alcaldes que lideren las asociaciones municipales y ningún integrante de esta entidad percibirá sueldo.
La noma además obliga a las aerolíneas y buques de pasajeros a presentar la Información Anticipada de Pasajeros o API (Advance Passenger Information) y el Registro de Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record) y las obliga a hacerse cargo del regreso a su lugar de origen de los pasajeros cuya entrada al país no fue permitida.
Los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho a defenderses jurídicamente , incluso a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial.
Al proyecto también se le incorporó la persecución del arriendo abusivo a inmigrantes.
En la sesión del lunes 4 se aprobó también una indicación que facilita la regularización de inmigrantes que lleven dos años trabajando en Chile y otra, que ordena el proceso a quienes soliciten refugio. Aunque la primera no le gustó al gobierno.
Normativa robusta
Letelier también asegura que el proyecto está muy bien encaminado. "Establece un buen marco para superar una Ley de Extranjería que está absolutamente obsoleta" y aunque admite que siempre se pueden perfeccionar algunas normas, "en lo fundamental la Comisión de Gobierno Interior dejó un proyecto equilibrado, positivo".
Una mirada optimista similar comparte el timonel de RN, diputado Mario Desbordes, ya que, a su juicio, la normativa cumple con lo que se requiere para hacer frente a los "desafíos futuros y, especialmente, a lo que va a enfrentar Chile post pandemia", señala aludiendo a una eventual avalancha de inmigrantes.
La presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara que encabezó el debate en la Corporación que ya aprobó en general y en particular la propuesta –el 16 de enero de 2019, tras lo cual pasó al Senado donde se encuentra desde esa fecha-, diputada Joanna Pérez, explica que a través del proceso legislativo se ha buscado que "la migración en Chile tienda a ser ordenada, regular y segura" y, desde su punto de vista, "eso se logró en el texto que salió de la Cámara de Diputados".
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