Aunque la decisión de los camioneros de deponer el paro hizo pensar que la acusación constitucional al ministro del Interior, Víctor Pérez, no concitaría el respaldo de toda la oposición para seguir adelante, resultó que todo el sector se alineó detrás de la Democracia Cristiana y confirmó hoy lo que ya se había adelantado anoche tras una reunión que sostuvieron todas las bancadas opositoras: la acusación va. Aunque el anuncio recibió el rechazo cerrado del oficialismo, que acusó un show de parte de su contraparte.
En este sentido, el promotor inicial de aplicar el instrumento fiscalizador, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Matías Walker (DC), admitió que aunque con el fin del paro "muchos habíamos señalado que (...) ya no tenía sentido una acusación constitucional", lo cierto –aclaró- es que en la oposición se llegó al acuerdo de seguir adelante, porque "sí hay méritos jurídicos" para presentar el libelo.
El diputado defendió esta postura, recordando que en el caso de los ministros de Estado, se los acusa por infringir la Constitución, la ley, o haberla dejado sin ejecutar, por lo que "claramente, el ministro del Interior –como se lo recordó el fiscal nacional- es el único que puede invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado que sanciona, efectivamente, a quienes obstaculizan las carreteras para impedir que se provean bienes y servicios básicos para la población, lo mismo que la Ley Antibarricadas, que el gobierno ha aplicado en múltiples querellas, después del estallido social (...), pero que simplemente no se atrevió a aplicar en contra los camioneros que se tomaron las carreteras y, al mismo tiempo, amenazaron a otros camioneros", por lo que si se presenta en estos términos, "la voy a votar a favor", sentenció.
Por su parte, el jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, quien al principio se mostró cauteloso sobre el tema, pero que luego se convirtió en un entusiasta impulsor de la iniciativa, argumentó que a pesar de la suspensión del paro de los camioneros "lo consecuente era continuar (con la acusación), más aún cuando los efectos nocivos en el país, ya se produjeron (...). Lo que hizo el ministro Pérez fue actuar con negligencia, fue dejar de aplicar la ley y esa acción y omisión provocó el corte de carreteras, el desabastecimiento de alimentos y de productos e insumos básicos indispensables en medio de una pandemia".
Mientras que la diputada Alejandra Sepúlveda, jefa de bancada de FRVS), quien tampoco estaba de acuerdo al inicio de las conversaciones, se convenció porque el libelo contemplará dos aspectos que eran fundamentales para su sector: el rol del ministro en lo acaecido en Curacautín y en cómo se actuó en el desalojo de las municipalidades tomadas; y por el pliego de peticiones que se le aceptó a los camioneros para deponer el paro, que "son absolutamente desmesurados, que no tienen relación con lo que hoy día está sufriendo el país".
En la misma línea, la diputada de RD Catalina Pérez, se sumó con entusiasmo a la medida, no sólo porque –a su juicio- el ministro haya "permitido el acceso de la población a los alimentos", sino también porque "queremos saber cuánto le va a costar a los chilenos el acuerdo millonario alcanzado entre el gobierno y los camioneros", para lo cual, en todos caso, ya están oficiando –adelantó- a los distintos ministerios.
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Llegó el circo
Desde el oficialismo, la molestia se hizo ver con fuerza. El diputado Sebastián Torrealba criticó la iniciativa, señalando que "otra vez estamos frente a un show de la oposición y un show de los que han sido cómplices pasivos de la violencia que ha habido en Chile desde el 18 de octubre en adelante. Y acusó a la oposición de haber "sido los que han bloqueado la agenda de seguridad ciudadana en nuestro país y hoy día ponen todo su capital político para una acusación constitucional. Simplemente es incompresible".
Tanto o más dura fue la jefa de bancada de la UDI María José Hoffmann, carta de su un sector de su partido para llegar a la presidencia del gremialismo, quien advirtió que "debemos tener claro que con esta acusación, la DC y la oposición están haciendo explícito su apoyo al terrorismo y a la quema de camiones y, también, están validando que transportistas como Juan Barrios puedan morir mientras están trabajando, o que los menores de edad puedan sufrir ataques, como el que recibió una niña de nueve años que resultó con graves lesiones mientras viajaba junto a su familia".
Según Hoffmann, la acusación sólo tiene un objetivo político que es "seguir torpedeando al gobierno" y que a la oposición "nunca le interesó que el ministro alcanzara un acuerdo con los camioneros. Sólo buscaron sacar un provecho político de esta legítima paralización".
El vicepresidente de la Cámara Francisco Undurraga, el representante de Evópoli se sumó a la postura de su sector de rechazo a la acusación, ironizando con que "para la felicidad de todos los chilenos, la temporada de circo va a estar en este país en septiembre. Esto es un circo y es un payaseo", sostuvo.
Y añadió que el diálogo debe prevalecer y que no se puede esconder la realidad, ya que el paro de los camioneros "para mí en lo personal no es la mejor solución, pero tenemos que estar claros y detrás de la condena radical a la violencia, que han vivido sectores de la ciudadanía y, por cierto, los camioneros", justificando la paralización.
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