En etapa final está la construcción de un acuerdo entre el gobierno y parte de la oposición para impulsar una serie de medidas económicas y sociales. Ese pacto, podría ser la antesala de una discusión que el mundo político ya agenda para julio: postergar o no el plebiscito constitucional del 25 de octubre, ya pospuesto desde el 26 de abril, debido a la emergencia sanitaria del coronavirus.
Sin embargo, desde La Moneda han enviado señales claras de que no serán ellos quienes iniciarán el debate y que la palabra la tienen los partidos políticos. Para remarcarlo, esta semana la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar salió a despejar dudas sobre eventuales tratativas en curso. Fue muy enfática en declarar: "tal cual como el gobierno le pide a los parlamentarios respetar la Constitución y las leyes, nosotros como gobierno también lo tenemos que hacer y hoy día hay un plebiscito que está establecido para el 25 de octubre y el gobierno trabaja para cumplir ese cronograma".
El tema ha sido conversado por los ministros del comité político, pero en público la decisión es seguir con el cronograma ya establecido y esperar que las conversaciones se generen a nivel parlamentario, igual como ocurrió con la idea del plebiscito en noviembre pasado donde La Moneda no participó directamente.
Sin embargo, advierten en palacio que todo quedará sujeto a la evolución de la pandemia del coronavirus y la curva de contagiados. "No vamos a iniciar ahora un debate electoral cuando nuestra preocupación es enfrentar la emergencia sanitaria. Veremos qué pasa en las próximas semanas y si hay que tomar alguna nueva decisión", sostiene un asesor de gobierno.
Según el itinerario electoral del proceso constituyente los hitos que se aproximan son el 26 de agosto cuando se inicia el periodo de propaganda electoral: Desde esa fecha los comandos del "Apruebo" y el "Rechazo" ya están en condiciones de comenzar a emitir mensajes en medios y la vía pública. Luego el 25 de septiembre debería comenzar la emisión de la franja de propaganda en televisión, misma fecha en que estaba prevista la designación de vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores por parte de las juntas electorales.
Partidos: "Hay que cumplir el compromiso"
En la oposición la postura predominante es seguir adelante con lo acordado. Casi al unísono diversos legisladores señalaron que es posible llevar a cabo el plebiscito con las medidas sanitarias adecuadas, tal como la han demostrado experiencias recientes como en Corea del Sur, donde el pasado 15 de abril se desarrolló la elección parlamentaria bajo un estricto protocolo de higiene y seguridad.
Para el presidente del PS, senador Álvaro Elizalde, el plebiscito tiene que realizarse sí o sí. "Hemos señalado que obviamente la salud de las personas está primero, por tanto, tendrán que evaluarse las condiciones sanitarias. Pero bajo ninguna circunstancia creemos que podría tolerarse que un compromiso con la ciudadanía pueda ser evitado y suspendido indefinidamente", sostuvo.
El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, sostuvo que para contribuir a despejar toda duda acerca del cumplimiento del cronograma electoral, "el SERVEL y el Gobierno deberían ya ir planificando y preparando las medidas tendientes a permitir su realización, incluyendo prevenciones de tipo sanitario". Agregó que cualquier nuevo acuerdo que pudiere llegar a ser necesario, debe seguir la misma dinámica que llevó al primera postergación del plebiscito: "diálogo y acuerdo entre fuerzas políticas", explicitó.
En el oficialismo la timonel de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, recordó que para cambiar la fecha habría que modificar nuevamente la Constitución, lo que requiere generar acuerdos. "Creo que no es el minuto de plantearlo, me parece que las cifras de contagio que estamos teniendo obligan a prorrogar el Estado de Excepción y creo que la conversación sobre el plebiscito tiene que darse más adelante para ver cómo va a ser el escenario alrededor de agosto. Mover la fecha debe ser básicamente por motivos sanitarios".
En Evópoli, su vicepresidente, el diputado Andrés Molina, reiteró que la única razón para mover el plebiscito o alterar el resto de las elecciones que están programadas sólo se justificaría por razones sanitarias. "El comité de expertos debería informar al Ejecutivo su decisión técnica. Y si hay riesgos, debería entonces suspenderse y revisar el calendario de votaciones" añadió.
En la misma línea, el jefe de bancada de diputados RN, Sebastián Torrealba, señaló que "especular sobre el futuro del plebiscito me parece que no da lugar y menos la idea de suspenderlo o tratar de evitarlo por secretaría. Aquí tenemos un compromiso democrático que vamos a cumplir".
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