Editorial

El gabinete bajo presión

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El cambio de gabinete efectuado ayer por el Presidente Boric fue una consecuencia directa del plebiscito constitucional del pasado domingo. La amplia victoria del Rechazo -que este diario calificó como un rotundo voto de castigo al trabajo de la Convención- fue también una fuerte derrota para el Gobierno, que había apostado su capital político a la opción Apruebo. Más aun, varios ministros habían expresado sin rodeos que parte sustancial del programa de gobierno se jugaba en la aprobación de la propuesta constitucional.

Se trataba, entonces, de adecuar al equipo ministerial a la nueva realidad política planteada en las urnas: los chilenos rechazaban el cambio radical y el espíritu refundacional de la Convención, y confían en encontrar respuestas a sus legítimas demandas e inquietudes a través de cambios progresivos, moderados y al alero del marco institucional establecido en los últimos 30 años.

Tras el plebiscito, el Gobierno no debe ampliar la brecha entre su proyecto político y lo que los ciudadanos realmente quieren.

Las primeras señales de ayer no reflejaron comprensión de ese escenario, con el nombramiento en la subsecretaría de Interior -una cartera de muy deficiente gestión- de un cuadro del PC que ha sido crítico de Carabineros y avalado la violencia del mal llamado “estallido”. Tanto así, que su ingreso al gabinete se hizo de inmediato políticamente inviable, manteniéndose el actual subsecretario.

La llegada de figuras de la exConcertación y la socialdemocracia, en cambio, sí parece en sintonía con lo que la mayoría de chilenos espera, y sugiere disposición a enfrentar la siguiente etapa con un ánimo distinto al reformismo a ultranza de la anterior. Visto así, lo de Interior habría sido el traspié de un Gobierno con poca experiencia y no la pertinacia de un ideologismo poco constructivo y, a la postre, costoso tanto para el Ejecutivo como para el país. Es de esperar que así sea.

La Moneda debe perseverar en este último enfoque y descartar el anterior. Si insiste en gobernar con quienes tienen una agenda refundacional y “revolucionaria” que desconfía de las instituciones y busca sustituirlas, en lugar de perfeccionarlas, arriesga ampliar la brecha entre su proyecto político y lo que los ciudadanos realmente quieren.

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