El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, de revocar la medida cautelar de prisión preventiva, en el marco del caso Penta, tras pasar más de un mes en el anexo penal Capitán Yáber.
El tribunal decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos empresarios.
El juez Daniel Aravena fundamentó su decisión en que "no se dio un argumento sólido para sostener que la prisión preventiva evite riesgo de fuga y riesgo de delinquir".
Otro argumento que recogió el magistrado Aravena fue la irreprochable conducta anterior que sostenían ambos imputados del denominado Caso Penta.
"Hoy se nos dio la razón respecto a que la prisión no era la medida adecuada (...) Se tomó en cuenta la proporcionalidad", dijo el abogado defensor Julián López.
Los argumentos
La audiencia, que partió con unas dos horas de retraso, se extendió hasta alrededor de las 22.30 hrs.
El primero en alegar fue López. Para el abogado, el juez no consideró circunstancias atenuantes de sus defendidos y refutó elemento de reiteración en cargos imputados a ambos. Además destacó la colaboración sustancial de Délano y Lavín en la investigación y aseguró que ha existido reparación celosa del mal causado, pagando al SII la totalidad de lo formalizado, dato que el "Ministerio Público ni el SII lo han reconocido", señaló.
Entre los nuevos antecedentes que entregó se encuentra la declaración de ejecutivos que no estaban en la carpeta de investigación y las declaraciones rectificatorias ante el SII. En ese sentido, López destacó que ya se han pagado $ 6 mil millones en impuestos y acusó poca colaboración del Servicio para determinar el perjuicio fiscal.
"Cuando uno compara los pagos que se han realizado (...) uno puede constatar dos cosas, uno: que los pagos comprenden la totalidad de lo que la investigación ha sido considerado y dos, comprenden un numero mucho mayor de documentos de los que se encuentran en la investigación".
"Son empresarios exitosos que empezaron desde cero, empresas que antes no existían y que crearon mas de 100 mil empleos durante su trayectoria empresarial (...) ¿El Estado considera que estas personas son peligrosas para la seguridad de la sociedad?", preguntó Julián López.
Tras él vino el turno del fiscal Carlos Gajardo, quien insistió y enfatizó en la gravedad y reiteración de delitos, calificándolos de "cohecho al más alto nivel de nuestro país" y que se hicieron durante "prácticamente toda la vida de la empresa".
"Día por medio se daba boletas o facturas falsas, ¿No son graves estos hechos?", cuestionó y agregó que "no tenemos conocimiento de un nivel tan alto de reiteración de un delito".
Además, Gajardo y Norambuena tanto en la presentación de antecedentes como en los alegatos, refutaron a López argumentando que no hubo tal colaboración de Délano y Lavín y el fuerte de las incautaciones fue mediante ordenes judiciales.
El resto de los querellantes se acogieron a los argumentos de Fiscalía. "Reiteración delictiva no ha cesado y bajo esa hipótesis son un peligro para la sociedad", concluyó la abogada del CDE.
Además, el abogado del SII también rebatió a López asegurando que no es posible decir que han solucionado el mal causado. Sólo se han dado declaraciones rectificatorias de parte de ellos", por lo que pidió que "se mantenga firme" la medida cautelar.
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