Tras haberse ausentado en las dos ocasiones anteriores que había sido citado, finalmente el ex gerente general de CMPC Tissue, Jorge Morel Bulicic, se presentó en calidad de testigo el día de ayer a la audiencia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), instancia en la que confirmó que el último lazo existente con la compañía en la que trabajó por más 27 años, fue el pago del abogado que lo asesoró durante 2015 en materia de libre competencia.
A pesar de que Morel hizo uso de su derecho a guardar silencio, respondió algunas preguntas formuladas por los abogados de SCA, donde aseguró que desde que presentó su renuncia a la papelera en julio de 2014, no ha tenido ningún tipo de contacto con los directores o ejecutivos actuales de la compañía, ni que tampoco han existido aportes económicos de parte de la papelera del grupo Matte.
El ejecutivo también aclaró que su salida de la empresa la venía meditando desde 2012 y que esta se vio gatillada por el anuncio de investigación por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi) en contra de Productos Tissue del Perú, filial de CMPC.
A principios del año siguiente de su renuncia, la papelera decidió acogerse además al programa de delación compensada en Chile, por las conversaciones que se habían llevado a cabo con la empresa de la competencia, SCA, a lo que Morel decidió sumarse de forma voluntaria.
Posteriormente, acudió en dos ocasiones a declarar ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y aseguró que en la primera de estas habría “omitido” algunos hechos, ya que había sido más general, a diferencia de la segunda comparecencia, en la que realizó una declaración “más completa”, señaló.
En octubre de 2015 -y tras siete meses de investigación- la FNE presentó el requerimiento por colusión en el mercado de papeles tissue ante el TDLC contra CMPC Tissue y SCA.
Morel aseguró también haber declarado en los tribunales de Puente Alto y Colina, siendo careado en este último con Gabriel Ruiz-Tagle, controlador de SCA (ex Pisa) en los tiempos en los que se habría instaurado el cartel.
El ejecutivo también se excusó por sus inasistencias anteriores al TDLC, señalando que estas fueron en una primera oportunidad por “no tener la certeza de poder guardar silencio” y posteriormente a un viaje que tenía programado con anterioridad para visitar a su familia en Europa.
Sólo FNE podrá iniciar acción penal en colusión
La comisión mixta encargada de revisar el proyecto de libre competencia, resolvió aprobar con seis votos a favor y dos en contra la iniciativa que sitúa el delito de colusión en el rango de categoría penal, estableciendo sanciones de presidio, inhabilitación de desarrollar cargos públicos y multas de hasta 30% de las ventas o de hasta el doble del beneficio económico obtenido por los infractores. Del mismo modo, se resolvió que la facultad de iniciar la acción penal en caso de existir delitos de colusión recaerá exclusivamente en la Fiscalía Nacional Económica, descartando la participación en este proceso por parte del ministerio público. "Creemos que la FNE tiene un récord en esta materia muy claro y categórico y es ella la que tiene que ser capaz de querellarse en estos casos", aseguró el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ahora la Cámara deberá revisar el proyecto para su aprobación.
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