A principios del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la multa de 25 mil UF (unos $ 675 millones al valor de hoy) aplicada por el regulador financiero en contra del expresidente de La Polar, Pablo Alcalde. La sentencia se fundamentó en que la multa vulnera el principio de “non bis ibídem”, debido a que los mismos hechos fueron sancionados penalmente por el Segundo Juzgado de Garantía.
No obstante, la ex SVS (la actual Comisión Para el Mercado Financiero) decidió recurrir a la Corte Suprema, defendiendo su atribución de aplicar multas por vulneración a la Ley de Valores.
A poco más de un año, se espera que la sentencia del máximo tribunal del país sea dictada en las próximas semanas. La Tercera Sala de la Corte Suprema ya dejó en acuerdo el fallo.
A juicio del regulador, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el tribunal de alzada se equivocó al considerar que Alcalde ya había sido juzgado, toda vez que la lesgislación establece diferencias entre sanciones administrativas, civiles y penales.
“La lectura y comprensión de esta norma general (citando el Código Penal) no deja lugar a dudas que las multas que impone la autoridad administrativa no constituyen sanciones penales; y que la intención o espíritu del legislador penal, claramente manifestados en ella misma, ha sido el de excluirlas del ámbito de aplicación propio de las normas que conforman el derecho penal en su conjunto”, dijo la autoridad durante el proceso.
En el intertanto, la ministra María Eugenia Sandoval se inhabilitó para entrar al conocimiento de esta causa. Esto, según una resolución judicial, por cuanto trabajó en la empresa de auditoria externa PricewaterhouseCoopers Consultores, sociedad que fue sancionada por el regulador financiero por el caso La Polar. 
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