Momentos clave se vivieron ayer en la Primera Sala de la Corte Suprema. Durante casi tres horas, una verdadera batalla legal enfrentó al Sernac, CMPC y organizaciones de consumidores, que presentaron sus alegatos contra el recurso de casación que ha mantenido entrampada la entrega de compensaciones por la denominada colusión del papel higiénico o caso tissue.
La contraparte fue el abogado Jaime Moraga, quien en representación de comunidades Mapuche y Pehuenche presentó dicho recurso acusando una “discriminación indirecta” en el resultado de la mesa que establecieron dichas partes, y que dio como resultado que la papelera depositara $ 97 mil millones para ser repartidos entre todos los chilenos mayores de 18 años.
Ese monto hoy alcanza casi $ 100.000 millones, a raíz de los intereses generados en el año que ha estado detenido el proceso.
Este recurso es la última barrera para la entrega de los cerca de $ 7.000 que recibirá cada uno de los chilenos. Por esta razón, las contrapartes no lo pensaron dos veces para lanzar sus mejores argumentos contra el recurso de Moraga.
¿En qué consistieron? Particularmente, en representación de la organización de consumidores, Conadecus, el abogado Andrés Parra apuntó sus dardos a la validez del recurso, pues señaló que por ser un acuerdo ratificado por la justicia, la única instancia que correspondería para revertirlo sería la “revisión” del fallo. Y advirtió lo tardío del recurso: “Llega cuando el acuerdo ya ha sido alcanzado”, dijo en su presentación.
Desacreditó también uno de los argumentos de Moraga, en que acusó una falta de información del acuerdo alcanzado, argumentando que la obligación de publicar tales detalles se da solo ante una sentencia definitiva, que aún no ha ocurrido.
Desde CMPC, Cristóbal Eyzaguirre, abogado de Claro & Cia. también se lanzó contra el abogado representante de las comunidades en este punto, resaltando que el caso ha sido uno de los más contingentes, respecto de este tema, a nivel nacional. Así también, resaltó el hecho de que Moraga participó como parte coadyudante del proceso, por cuanto conoció de cerca el acuerdo que con dicho recurso viene a desacreditar.
En tono firme, descartó también que el pago de la compensación a través de Banco Estado deja de lado a quienes no poseen el servicio: “Sernac tiene visto otros mecanismos” alternativos, aseguró.
La carta bajo la manga
Fue justamente este último punto la gran sorpresa de la jornada. Y es que en sus alegatos, el nuevo director del Sernac, Lucas del Villar, realizó una breve exposición en que adelantó de qué manera se harán llegar los $ 7.000 por persona.
Comenzó aclarando que “solamente con el hecho de aprobarse este acuerdo hay un plazo de 15 días para entregar las bases de información a aquellos chilenos mayores de 18 años con cédula y rut que van a recibir en su cuenta vista, cuenta corriente o chequera electrónica (de Banco Estado) el monto que se ha estimado en $ 7.000, ese documento representa alrededor de 7,8 millones personas” o un 58% de la población, precisó.
El segundo medio, continuó, es el que tiene relación con el Instituto de Previsión Social (IPS), que de forma automática entregará dicho beneficio a otras 2,2 millones de personas, equivalentes a un 17% de los chilenos mayores de 18 años.
Adelantó asimismo que el tercer mecanismo –que considera a personas en la situación de los comuneros representados- se dará mediante la implementación de un sitio web que ya tiene nombre: micompensación.cl.
¿Cómo funcionará? Según explicó a modo ilustrativo el director del Sernac –pues aún está condicionado a cómo falle la Corte-, estas personas (25% restante de la población) podrán registrarse y elegir cómo desean recibir el pago, en un periodo de al menos seis meses. Las vías mencionadas por Del Villar, fueron a través de “cualquier caja vecina o cualquier transferencia electrónica a cuenta vista o cuenta corriente”.
Para Moraga, este no fue un movimiento previsible: “Llamó la atención que el director del Sernac hiciera una exposición ante la Corte manifestando que dicha exposición correspondía a antecedentes del proceso cuando eso no es efectivo. En el proceso y en el acuerdo jamás se estableció una fórmula de pago, es una situación que se crea a última hora”.
Tras la sesión, la causa quedó en “estado de acuerdo”.
Comuneros increpan a nuevo director del Sernac tras intensa jornada de alegatos
"¿Cuánto le pagaron?", fueron algunas de las frases lanzadas por algunos comuneros que acompañaron a Jaime Moraga en su alegatos, contra el nuevo director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Lucas del Villar, al término de la intensa sesión en que se encargó personalmente de defender el acuerdo alcanzado con CMPC, y desacreditó el recurso en contra.
Además del mismo caso, los comuneros sumaron otros hechos particulares contra empresas en que fueron pasados a llevar sus derechos. Ante esto, Del Villar dijo estar abierto a cooperar en cualquier conflicto. "Entrégueme los antecedentes y nosotros le podemos ayudar", contestó.
Sin ir más allá, el nuevo timonel del organismo de defensa de los consumidores fue separado por personal de Gendarmería, a cargo de la seguridad del máximo tribunal del país.
Moraga se encuentra representando a cerca de 350 familias de comunidades indígenas en su intento porque el acuerdo sea consultado.
CMPC: "Ha quedado claro que no tenía ningún fundamento"
El fiscal de CMPC, Rafael Cox, estimó tras los alegatos que los argumentos presentados dejaron en claro que la discriminación que acusó la contraparte en la entrega de las compensaciones por el caso de colusión -que involucró a la empresa con la sueca Essity (exSCA)- quedó claramente descartada.
"Ha quedado muy claro que no tenía ningún fundamento y esperamos que la corte así lo confirme, y que esto finalmente destrabe el pago y se pueda efectuar rápidamente", señaló, resaltando que "el acuerdo es bien inédito, bien único, es un acuerdo que cumplió todos los requisitos de publicidad que la ley establece".
"Incluye a todos los habitantes de la república, por lo tanto no es discriminatorio (...) que es el corazón de lo que se alegaba", remató.
Odecu valora estrategia del Sernac y ve fallo en tres meses
En dos o tres meses es cuando el presidente de Odecu, Stenfan Larenas, espera que se pueda tener conocimiento del fallo de la Suprema para dar paso a la entrega de las compensaciones.
En el marco de los alegatos, valoró la estrategia de Sernac, donde dejó en "evidencia" la falsa discriminación a las comunidades demandantes, toda vez que están definidos mecanismos para entregar el beneficio a quienes no tienen los otros medios de pago. "Esperamos un fallo que cierre con acuerdo en dos o tres meses máximo", señaló.
Añadió que "seguramente van a aumentar (los intereses), ahora hay costos de implementación que van a ser cubiertos por estos intereses y es de esperar que sean un poco más de $ 7.000 por persona".
"Las personas van a tener seis meses para buscar su plata", resaltó.
Moraga: "Confió que la Suprema no revise antecedente adicional"
El abogado de las comunidades Mapuches y Pehuenches, Jaime Moraga, criticó los nuevos antecedentes entregados por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en el marco de los alegatos, y espera que el máximo tribunal del país no los considere dentro de su revisión del recurso que ingresaron.
"Confiamos en que la Corte Suprema, ateniéndose estrictamente al contenido del proceso, porque ese es el objetivo de un recurso de casación, que se observe lo que está en el proceso no lo que se presenta de forma externa, acoja nuestra petición", señaló.
Así también, espera que "estime claramente que existe infracción a la ley del consumidor, y se han pasado a llevar los principios fundamentales del mundo indígena y de los consumidores".
Conadecus: "Existen errores de interpretación jurídica"
"Existen errores de interpretación jurídica", fue la estimación del abogado de Conadecus, Andrés Parra, al abordar los argumentos de Jaime Moraga para presentar el recurso de casación.
Uno de sus principales argumentos, es que el recurso no sigue el procedimiento de reclamación que se debe seguir para abordar una sentencia ejecutoriada.
Así también, señaló que no existe discriminación, toda vez que el beneficio abarca a todos los chilenos. Por otro lado, añadió que las bases del procedimiento fueron siempre acompañadas "con expertos económicos".
Por último, señaló que luego del fallo la Corte podría haber indicado tras el fallo la necesidad de segmentar ciertos grupos para recibir el beneficio, lo que finalmente nunca ocurrió.
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