Se esperaba que ayer fuera un día clave para el caso La Polar con la decisión de encaminar el proceso hacia un juicio oral, uno abreviado o una salida alternativa.
Finalmente, el Ministerio Público planteó dos salidas para los cuatro imputados: un procedimiento abreviado o la suspensión del mismo, y se fijó una próxima audiencia para el 14 de diciembre en la que se espera llegar a una salida.
Lo relevante del caso es que la defensa de Pablo Alcalde, el ex presidente de la multitienda, siempre reacia a plantear un juicio abreviado, se abrió ayer por primera vez a esta posibilidad.
“No tenemos considerado ir a juicio abreviado. La decisión de Pablo Alcalde es ir a juicio oral”, decía su representante, Jorge Bofill, hace unos meses.
Ayer, el juez consultó uno por uno a los abogados de la defensa si aceptarían la audiencia de diciembre para ver salidas alternativas o un proceso abreviado, lo que fue aceptado por todos.
Es más, según fuentes del proceso, Alcalde habría cambiado su estrategia y, ahora, por primera vez estaría reconociendo todos los hechos.
Cabe recordar que el argumento central de su defensa se había centrado desde que se inició el proceso en reiterar que Alcalde nunca cometió delito y no denunció los hechos ni tomó medidas al respecto, porque no supo lo que ocurrió dentro de La Polar.
Proceso previo
Lo esperable en esta nueva etapa es que, de las vías alternativas que existen, se logre un acuerdo para realizar un juicio abreviado, que comenzaría ese mismo día 14 y se extendería por hasta una semana, dicen los abogados defensores y la Fiscalía.
En este procedimiento, los imputados tendrían que aceptar los hechos y las pruebas del Ministerio Público, lo que no obliga a reconocer culpabilidad.
José Morales, fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, de la Fiscalía Centro Norte, que lleva el caso, dijo que si las penas son razonables y hay un comiso de una cantidad considerable de dinero, sería prudente llevar a cabo un juicio abreviado.
De esta forma, los imputados -el ex presidente de la multitienda, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; y el ex gerente de Finanzas, Santiago Grage-, podrían enfrentarse a un procedimiento breve en el que la Fiscalía omitiría toda la prueba que llevaría en un juicio oral regular, como parte del acuerdo alcanzado.
En ese escenario, los cuatro ex directivos acusados de varios delitos por las repactaciones unilaterales entre 2006 a 2011, podrían arriesgar una pena máxima de cinco años sin cumplimiento efectivo, sumado al comiso de dinero y, quizá, alguna inhabilitación y acuerdo reparatorio para las víctimas.
Por tanto, explican desde la parte querellante, el beneficio para los acusados es la negociación de la pena, llegando a algún tipo de cumplimiento aleatorio, además del ahorro de costos y de un proceso que podría haber durado ocho meses.
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