La llegada de grandes estudios multinacionales tiene bastante convulsionada a la industria legal chilena. Una tendencia que lejos de apaciguarse se ha intensificado en el último tiempo, tanto así que en el segundo sondeo general de abogados realizado por Diario Financiero la gran mayoría de los encuestados -más de 100 socios de los principales estudios del país- ratificaron que se trata de un tema que interesa y que está teniendo efectos en la práctica.
Pero no fueron las únicas conclusiones. También celebraron la mejora del clima empresarial con el cambio de ciclo político y, a diferencia del año pasado, esta vez los estudios advierten una franca recuperación de la actividad que se deja ver incluso a nivel de facturación, esto luego de un 2017 en que la mayoría de las oficinas encuestadas (65,3%) vio afectados sus ingresos producto del menor dinamismo en la economía.
En esta primera parte del año, un 29% de los socios participantes del sondeo reconocen que esta mejora en las expectativas se ha traducido en un aumento efectivo de la actividad en sus respectivas oficinas jurídicas, pero la gran mayoría (51%) aún percibe que esa actividad ha sido menor a la esperada.
Con todo, un 85,1% cree que este año la actividad será mejor al ejercicio anterior. En ese sentido, el cambio de ciclo político es por lejos el factor más determinante para favorecer el clima empresarial (80,8%), quedando mucho más atrás variables como la reactivación económica (16,16%) y el contexto internacional (3,03%).
Si lo anterior va a dar pie a un ajuste en sus tarifas, fue casi unánime la respuesta negativa (86%), pero donde sí habrá cambios es en la dotación de personal. En ese sentido, prácticamente todas las oficinas legales piensan reforzar sus equipos (94,06%), y las especialidades más demandadas serán la tributaria (31,96%), laboral (31,96%), libre competencia (28,8%) y litigios administrativos (28,8%).
La arremetida de los grandes
Después de años de relativa calma y donde aparecía muy lejana la llegada de estudios foráneos, cada vez son más frecuentes los anuncios de fusiones o asociaciones con firmas locales -sean grandes o medianas- y en ningún caso esta situación ha sido inocua.
Para el grueso de los socios encuestados (64%) la llegada de estas oficinas ha generado una mayor presión competitiva y prácticamente todos (92,93%) coinciden con que este fenómeno se va a afianzar los próximos meses.
Lo anterior, seguramente se basa en su propia experiencia, dado que más de la mitad de los estudios participantes del sondeo (61,2%) ha sido contactada para asociarse o fusionarse con otros, ya sean locales o internacionales.
Pero ¿cuáles son las razones que impulsan esta decisión? Principalmente hay dos aspectos que lo gatillan: el fortalecimiento de su posición en el mercado (45,4%) y el mayor alcance geográfico (29,2%), quedando mucho más relegados temas como la demanda de sus clientes, la presión financiera (costos) y la diversificación de áreas de práctica.
Evaluación del nuevo gobierno
Pero la situación interna no fue lo único que abordaron en esta encuesta. Los abogados también evaluaron los primeros 60 días del gobierno de Sebastián Piñera, donde celebraron el anuncio de la 'Agenda Pro inversión' como la medida más relevante (47%) del nuevo gobierno, seguida -bastante más de lejos, eso sí- por el inicio del proceso de regularización de los migrantes (22%) y el ajuste fiscal (13%).
Sobre la reforma más urgente de implementar, más de la mitad coincide que debe ser la tributaria, luego la de pensiones y educación, en ese orden. Y aunque no hubo una nota para lo que va de la administración entrante, el 83,1% señala que hasta el momento el presidente Sebastián Piñera ha dado las señales esperadas para retomar el crecimiento.
El veredicto de la industria en cuatro casos clave
En estos meses, la industria ha estado pendiente de varios casos por sus efectos jurídicos. Uno de ellos es el nuevo Sernac, el que finalmente gobierno decidió devolver al Tribunal Constitucional, lo que a juicio del 55,4% de los encuestados se trataba de la opción más conveniente, mientras un 29,35% dijo que se debió haber elaborado y enviado un nuevo proyecto al Congreso y sólo un 15,2% estimaba que debería haberse devuelto a la Cámara.
Sobre el caso Dominga, casi un 60% señala que la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta va a marcar un antes y un después en la institucionalidad ambiental.
Por otra parte, la industria también está monitoreando de cerca la creciente litigiosidad entre inmobiliarias y municipalidades por los efectos que esto puede generar al desarrollo de los proyectos. La gran mayoría piensa que esto puede derivar en un encarecimiento de los desarrollos o un freno a los mismos.
Finalmente, respecto a la pugna al interior de la Fiscalía Nacional, más de la mitad de los abogados estima que aunque ha generado mucho ruido, aún se está tiempo de actuar para no afectar a la institucionalidad.
Participantes
La encuesta realizada por Diario Financiero-Entre Códigos fue respondida por más de 100 socios pertenecientes a cerca de 40 de las oficinas legales más importantes del país: Alessandri; Albagli Zaliasnik; Aninat Schwencke & Cia; Acuña, Hoetz & Cifuentes; Baker McKenzie; Barros & Errázuriz; Bofill Escobar Abogados; Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados; Bordoli Doren Abogados; Cariola Diez Pérez-Cotapos; Carey; Claro & Cia; CMS Carey & Allende; CorreaGubbins; Contreras Velozo Eguiguren Salas Abogados; Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn Abogados; Cabello, Letonja & Cia; Eyzaguirre & Cia; Deloitte; DLA Piper Chile; EY Chile; FerradaNehme; Gandarillas, Montt, Del Río & Krause; Garrigues; GuerreroOlivos; Harasic, Medina, Dal Pozzo & López; KPMG; Morales & Besa; Moraga & Cia; Núñez, Muñoz & Cia.; Estudio Jurídico Otero; Pellegrini & Cia; Prieto Abogados; PwC; Vergara Galindo Correa Abogados; Grupo Vial/Serrano; Villaseca Abogados; Parraguez & Marín; Porzio Ríos García Abogados; PPU Chile; Puga Ortiz; Recabarren & Asociados; Reymond & Cia.; Rivadeneira Colombara & Zeggers, y Silva & Cia.
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