Por Jimena Catrón Silo
Una tensa espera es la que están viviendo las principales mineras del país. Y la razón de ella duerme actualmente en la Cámara de Diputados, desde fines del año pasado.
Esto porque el proyecto de ley “obliga a grandes explotadores mineros a la desalinización de agua para sus procesos productivos”, el documento nacido en la cámara y que se encuentra en primer trámite constitucional, podría tener varias implicancias para esta industria.
Entre ellas, las que más molesta a las compañías es la posibilidad de que los derechos de agua que se liberen de la desalinización que se lleve a cabo en sus plantas, puedan incluso ser expropiados por el Estado.
Según señala el texto, cuya autora es la diputada Adriana Muñoz (PPD por el distrito 9 de la Región de Coquimbo) y que cuenta con diez parlamentarios patrocinantes los que abarcan un espectro transversal (UDI, RN, DC, PRI, PRSD, PS y PC), “el Estado tendrá preferencia para la adquisición o expropiación, según el caso, de los derechos de aprovechamiento de aguas que fueran liberados”.
Altas fuentes del sector señalaron que existe molestia en la industria debido a que les parece injusto realizar los esfuerzos económicos por desalinizar, y sea el Estado el que finalmente se beneficie. Otra de las actividades que también se verían perjudicadas, afirmaron, son las sanitarias que tienen derechos de aguas y que tienen proyectos de desalinización.
La autora del proyecto, señaló que espera que una vez que la Comisión de Minería termine la discusión del proyecto de seguridad minera, su iniciativa sea discutida. “Además, queremos formar una mesa de trabajo con las mineras por aquellas que aún no están usando el proceso de desalar, lo que se debe analizar si genera una mayor contaminación, especialmente en los relaves”, afirmó.
Por otro lado, Mario Bertolino, diputado RN por el distrito número 7 de la Región de Coquimbo y uno de los patrocinantes, comentó que la idea principal del proyecto era iniciar la discusión respecto de, justamente, la propiedad de esos derechos.
Respecto de los casos en que éstos podrían ser expropiados, afirmó a modo de ejemplo que podría ocurrir “cuando el Estado requiera agua porque necesita entregársela a un poblado o un campamento minero, entonces obviamente va a tener la primera opción”. Esto en un contexto en el que ya algunos parlamentarios han solicitado decretar “zona de catástrofe” algunas regiones del norte debido a la escasez hídrica.
El proyecto
El cuerpo legal estipula que todo explotador minero “cuya extracción de agua exceda los 200 lts/segundo, deberá incorporar el uso de agua desalinizada, a partir del año 2016 y disminuir su extracción de los afluentes superficiales y subterráneos utilizados actualmente”.
Además del punto respecto a la posible venta de los derechos de agua, se suma un artículo transitorio que extiende la obligación de desalinizar, a partir de 2020, a las compañías cuya extracción exceda los 150 lts/seg.
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