Las tabacaleras tendrán una herramienta menos para oponerse a las restricciones que están impulsando países como Chile, para desincentivar el consumo de tabaco.
Esto, como parte de uno de los efectos que tendrá el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, en sus siglas en inglés). Fuentes conocedoras del proceso explican que tanto en Chile como en el resto de países miembros firmantes, se aprobó una excepción que establece que las tabacaleras no podrán utilizar el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado para reclamar por medidas como la denominada cajetilla plana, que en la práctica elimina la marca de la tabacalera del envase.
Con esto, a las empresas del sector se les cierra una puerta para defender en foros internacionales medidas como las que ya fueron planteadas en Australia y que Chile está en proceso de estudio.
De esta manera, un inversionista extranjero no podrá demandar a un Estado por una norma de esa naturaleza. En la industria local este punto era desconocido entre algunos actores, aunque encontraban lógico que los gobiernos evalúen los riesgos en materia de propiedad intelectual, desde el punto de vista que el empaque plano podría considerarse una suerte de expropiación de la marca y hay antecedentes en la OMC por el caso australiano.
El rol que tomó ese país en la creación de esta norma ha sido fundamental, según explica la prensa internacional, ya que fue uno de sus impulsores.
Discusión local
En el plano local, esta disputa ya ha tenido sus primeros encuentros. En julio, British American Tobacco anunció que cerraría sus operaciones en el país si prosperaba la moción parlamentaria que busca endurecer la Ley Antitabaco en el país.
La multinacional calificó la implementación de la cajetilla genérica y la prohibición de ingredientes como “inconstitucionales y arbitrarias” e insinuó que entablaría acciones legales contra el Estado.
“Como consecuencia de la expropiación de derechos marcarios y de uso, el Estado deberá indemnizar a la industria por la expropiación de derechos consagrados en la Constitución”, informó ese momento.
Por su parte, Phillip Morris International describió las medidas regulatorias como excesivas porque, en su opinión, “atentan arbitrariamente contra los principios básicos de tratamiento igualitario, libertad de elección del consumidor y protección a la propiedad intelectual”.
Respecto al trámite del proyecto de ley, ayer se eliminó el carácter de urgencia simple, por lo que la discusión podría postergarse hasta marzo, explica Lucio Ormazábal, representante de los productores de Curicó.
Tras ser aprobada por el Senado, la iniciativa está en la Cámara Baja para ser revisada por la Comisión de Salud y luego por la de Agricultura, lo que dará espacio a productores para plantear su posición sobre el tema.
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