La empresa Servicios Integrales de Cobranza y Correspondencia SpA (SICC), considerada una de las mayores firmas del rubro en el país, solicitó su liquidación voluntaria. Inicialmente, la compañía, cuyo representante legal es Carlos Cepeda, intentó –sin éxito- llevar a cabo una reorganización judicial para reestructurar sus pasivos, que superan los $ 4.650 millones.
“Actualmente, mi cliente se ve turbado por los cobros y llamados de sus acreedores pues arrastra una serie de deudas, junto a ello, la publicación de sus obligaciones morosas en los registros comerciales, en especial el Boletín Comercial y registros bancarios, lo que provoca un impedimento para prestar servicios, ya sea a antiguos clientes o captar nuevos”, dijo en la solicitud de quiebra el abogado de la empresa, Danilo Piña.
“Mi cliente se ve turbado por los cobros y llamados de sus acreedores”, dice abogado de la firma.
“Se adeuda, al 11 de junio 2022, la suma de $ 4.654.503.924, debiendo enfrentarse mi representada con demandas judiciales y cobros extrajudiciales abusivos que terminan por configurar el estado de insolvencia absoluta de mi cliente”, añadió.
La firma inició sus operaciones en 1994 y, según su abogado, logró posicionarse dentro de las cinco empresas de cobranza más importantes de Chile. “Su cartera de clientes estuvo conformada por grandes empresas a nivel país, lo que nos permitió en su momento un crecimiento”, dijo el jurista, quien luego apuntó a la crisis social de fines de 2019.
“En esa época, uno de los puntos fueron los movimientos sociales referidos a No +AFP, No +TAG, No +Créditos CAE, entre otros, lo que impactó fuertemente los ingresos de la compañía, ya que, para evitar destrozos en sus instalaciones, se detuvieron innumerables acciones de cobranza”, sostuvo el abogado, quien precisó que la firma gestionó, entre otros clientes, la cobranza judicial y extrajudicial de AFP, autopistas y universidades.
Luego, se refirió a los efectos que generó en la empresa la crisis del Covid. Dijo que, cuando el mercado tendía a estabilizarse comenzó la pandemia, lo que –aseguró- también provocó una baja en los ingresos de la compañía.
Añadió que las cuarentenas impuestas por la autoridad provocaron una escases de liquidez, consumo y trabajo en el mercado, lo que incentivó tres retiros del 10% de los fondos de pensiones, y diversos beneficios monetarios mensuales como el IFE y el préstamo solidario.
“Esto mejoró fuertemente la liquidez y los procesos de recaudación, los deudores de nuestros clientes aprovecharon dichos montos provenientes del retiro de sus fondos de pensión, para el pago de deudas a sus clientes, momento muy bien recibido por esta Industria, instancia que no se volvió a repetir, sino todo lo contrario”, sostuvo.
Y añadió: “Desde mediados del primer semestre del año 2021 en adelante, comenzó una contracción de la Industria de la cobranza. El pago de las deudas producto de los beneficios disminuyó fuertemente la morosidad”.
Esta situación, destacó, generó una fuerte disminución de carteras de cobranza en la industria, lo que derivó en una fuerte reducción de los ingresos de SICC. “Producto de las vicisitudes que ha debido enfrentar, ha sido imposible el poder asumir las obligaciones contraídas”, dijo el abogado de la empresa, quien también apuntó a un sobre endeudamiento de la compañía.
Sostuvo que, con “gastos operacionales cuantiosos y sin lograr ventas y/o ingresos significativos”, la firma debió reducir sus operaciones drásticamente, lo que involucró el despido de trabajadores y el termino de contrato de prestación de servicios con casi el 50% de sus clientes. “Situación que provoca el estado actual de insolvencia de mi representada”, remató.
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