Por Francisca Garrido P.
El 2011 fue un año en el que la libre competencia ocupó un lugar en la agenda noticiosa. El proceso de fusión de las aerolíneas Lan y Tam, la fallida unión entre Soprole y Nestlé, la colusión avícola y la investigación a los supermercados, fueron algunos de los casos. De hecho, en diciembre del año pasado el Ministerio de Economía nombró una comisión asesora de libre competencia, encargada del perfeccionamiento de en esta materia.
Al respecto, el economista integrante del organismo, Aldo González, afirma que desde que se constituyeron, se han reunido todas las semanas para estudiar los cambios necesarios a la ley de libre competencia. Y, aunque no se preparan modificaciones mayores, uno de los aspectos que se han evaluado tiene que ver con la aplicación de sanciones penales.
“Muchos países tienen sanción penal para los casos de colusión, eso significa que los ejecutivos que participaron en esto, se van a la cárcel. Nosotros no lo tenemos”, afirma.
Agrega que aunque se evalúan cambios, “al día de hoy la institucionalidad de libre competencia, los instrumentos legales con que se dispone, están a un nivel adecuado. Las facultades que tiene la autoridad para perseguir casos luego de la reforma del año 2009, están cumpliendo más menos los estándares OCDE en libre competencia”.
Respecto de la fecha de entrega de un informe, González comenta que el presidente de la República les encomendó que las recomendaciones estén listas en unos seis meses, es decir, a mediados de este año.
Mercados en riesgo
Respecto de los mercados en los que se ven mayores riesgos de libre competencia en Chile, el experto es cauteloso: “A priori no se sabe dónde se está cobrando más caro de lo que se debiera o dónde se producen los problemas de competencia. Lo que se observa son casos de denuncias puntuales y algunos mercados que tienen regulaciones específicas, en los cuales a uno le gustaría que hubiera una mayor competencia o se detecta que hay problemas de satisfacción al consumidor”, comenta.
Como ejemplo utiliza un caso que por estos días se ha transformado en un dolor de cabeza para la banca: Transbank. Respecto de esta empresa, cuyos dueños son los bancos del país, comenta que “no es malo que se opere en forma conjunta porque hay razones económicas que producen eficiencias de actuar conjuntamente. Pero, por otro lado, está el riesgo de que a través de este sistema, las empresas puedan tener comportamientos menos competitivos o bloqueen el ingreso de un actor que quiera entrar. Ahí hay que estar bien atentos y firmes en caso de que se detecten problemas”.
Finalmente, en relación con uno de los puntos que la comisión está evaluando, el de la penalización, explica el conflicto que existe entre éste y la figura de la delación compensada, la cual ya se utilizó de manera exitosa en el caso de las farmacias con Fasa. “Hay que tener cuidado. Lo que hace la delación compensada es que le garantiza la inmunidad al primero que delata al resto y que aporta pruebas. Esa inmunidad, para que funcione y para que sea efectiva, tiene que ser total, tanto a nivel de sanción monetaria, como de sanción penal, si la hubiera. Entonces, efectivamente y así funciona en el resto del mundo, si vamos a tener sanción penal, si es que se decide eso, la delación compensada también debiera asegurar inmunidad para ese tipo de castigo”, sentencia.
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