En el último tiempo, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha sido apuntado como uno de los principales puntos de tope para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país. Las demoras en la tramitación de permisos vinculados a hallazgos arqueológicos han generado preocupación tanto en el sector público como privado, lo cual ahora está comenzando a escalar a instancias formales de resolución de controversias.
US$ 18,5 MILLONES ES LA COMPENSACIÓN SOLICITADA POR SACYR.
Uno de los primeros casos en alcanzar esta etapa es el de la red hospitalaria Buin-Paine, cuya concesión está en manos de la firma española Sacyr. La empresa ingresó recientemente un escrito de discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones (PTC), en el que exige una compensación al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por un total de UF 465 mil -equivalentes a casi US$ 19 millones- a raíz de lo que califican como “entorpecimientos imputables al CMN”.
En concreto, en su presentación la firma planteó que ciertos actos y omisiones del CMN impactaron directamente en el avance de las obras preliminares y en ciertos hitos del proyecto, generando importantes perjuicios económicos.
Entre ellos, destacaron mayores costos por labores de caracterización arqueológica, gastos indirectos asociados a la reprogramación de faenas y costos vinculados a los mayores plazos de ejecución de las obras, entre otros.
“Esta discrepancia se enmarca dentro de los mecanismos previstos en el contrato y la normativa vigente, permitiendo a las partes gestionar de manera formal las situaciones que afecten el desarrollo de la obra”, indicó Sacyr a DF.
El origen del conflicto
Según se detalló en el escrito, al inicio del proceso constructivo se identificaron tres recursos patrimoniales en el terreno, por lo que se elaboró un plan de rescate arqueológico para abordarlos. Este plan permitía avanzar con obras en ciertas áreas, mientras se desarrollaban las actividades de resguardo patrimonial.
Sin embargo, Sacyr sostuvo en el documento que, a pesar de tener todo listo para comenzar las obras en marzo de 2022, el CMN no otorgó la autorización para ingresar al terreno sino hasta octubre de ese año. Esta demora provocó un primer retraso de 206 días.
A esto se sumaron nuevos atrasos derivados de la ejecución simultánea de obras y monitoreo arqueológico, lo que, según la empresa, generó un impacto adicional de 83 días en las obras preliminares.
Frente a este escenario, la concesionaria solicitó formalmente al MOP una ampliación de plazo junto con una compensación económica por los perjuicios sufridos. Si bien la cartera liderada por Jessica López accedió a extender el cronograma, lo hizo amparándose en la figura de caso fortuito o fuerza mayor, lo que excluye el reconocimiento de compensaciones económicas.
No obstante, la postura de la empresa es categórica. “No puede pretender liberarse del cumplimiento de dicha obligación esgrimiendo el caso fortuito o la fuerza mayor, ya que estos carecen de efecto liberatorio cuando la causa del entorpecimiento corresponde a un hecho imputable al Fisco (en este caso el CMN)”, señala el documento presentado por la concesionaria.
Cabe precisar que el contrato fue adjudicado a fines de 2020, con un cronograma que establecía el inicio de las obras para mediados de 2021 y la apertura del recinto hospitalario para enero de 2026. No obstante, hoy la puesta en marcha se proyecta recién para abril de 2027, acumulando 15 meses de retraso.
Inédito caso
Aunque este no es el primer proyecto de infraestructura afectado por hallazgos arqueológicos -entre los casos emblemáticos figuran el Hospital del Salvador, AVO II y la futura Línea 7 del Metro-, sí se trata de la primera vez que una concesionaria lleva esta situación a una instancia formal de resolución de conflictos para exigir una compensación económica.
De acuerdo con fuentes del sector, este paso podría abrir una nueva etapa en la denominada “judicialización de las obras públicas”, elevando el riesgo financiero para el Estado en proyectos futuros.
“Lo que antes se asumía como una contingencia más del proceso constructivo, ahora podría transformarse en un frente económico relevante para el Fisco”, apuntó un conocedor del proceso.
Si bien en otras discrepancias ingresadas por concesionarias -como Nogales-Puchuncaví, el Instituto Nacional del Cáncer o la Ruta 5 Norte entre La Serena y Vallenar- ya se mencionaban los efectos de los hallazgos patrimoniales, esta es la primera vez que una reclamación se fundamenta exclusivamente en este punto.
Frente a la consulta sobre si se están evaluando medidas para mejorar la coordinación con el CMN o reducir los tiempos asociados a los retrasos, la Dirección General de Concesiones recalcó que como entidad trabajan de forma coordinada con los distintos organismos involucrados en el desarrollo de proyectos de infraestructura, con el objetivo de anticipar y abordar oportunamente los desafíos que puedan surgir en la ejecución de las obras.
“Por lo tanto, corresponde a esta instancia técnica y autónoma pronunciarse sobre los antecedentes presentados, conforme a los plazos y etapas que establece la ley”, concluyó la dirección.
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