La firma gestora tras el proyecto inmobiliario Hacienda Guay Guay solicitó en la justicia acogerse a un procedimiento de Reorganización por pasivos por un total de $22.772 millones. La sociedad tras la iniciativa es Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA, entre cuyos inversionistas está Marcello Corbo, entre otros.
El proyecto, un loteo y urbanización de primera vivienda ubicado en Chicureo, Colina, comenzó su desarrollo en 2016, obteniendo todos sus permisos, pero en noviembre de 2022 la Contraloría General de la República emitió un dictamen por el que se restringió la posibilidad de urbanizar y desarrollar un proyecto en Áreas de Protección Ecológica. Esto hizo que retroactivamente se impidiera construir una vivienda en las unidades de la parcelación y, por tanto, se afectara el desarrollo y venta de la iniciativa y quedaran suspendidos los permisos ya entregados por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Colina, lo que también ha afectado a otros proyectos en la zona.
El pedido de Reorganización está en marco de un proceso de Liquidación Forzosa que había activado el principal acreedor, la sociedad Inversiones Maitenes, ligada a la familia Olivares.
De allí que la firma acusa cambios de criterios normativos que afectaron la certeza jurídica de la iniciativa, que comprende unas 900 parcelas.
El pedido de Reorganización fue presentado el 15 de octubre en el 13 Juzgado Civil de Santiago, en el marco de un proceso de petición de Liquidación Forzosa que había activado el principal acreedor el año pasado, la sociedad Inversiones Maitenes, ligada a la familia Olivares. Ellos fueron quienes vendieron el paño para el desarrollo de la iniciativa y todavía queda un saldo de precio de dicha compraventa del fundo.
En la solicitud de Reorganización -que lleva adelante el abogado Álvaro Parra por la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA-, se detalla que del total de pasivos, el mayor acreedor es la mencionada sociedad Maitenes, con $15.730 millones, el 77% del total. También hay pasivos financieros por $852 millones; a proveedores por $343 millones; y a empresas relacionadas, por $2.298 millones.
Consultado el abogado Álvaro Parra, explica que en el marco de la Reorganización buscarán continuar desarrollando el proyecto -la urbanización y la venta, con más inversionistas-, toda vez que está en trámite un nuevo proyecto de ley sobre parcelaciones y que además están buscado revertir la interpretación hecha por la Contraloría. Y hace ver que los activos suman, a valor comercial, $147.471 millones, es decir, superan con creces las acreencias.
Tras la solicitud, el tribunal le dio tramitación y tendría que venir el nombramiento del veedor por parte del Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).
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