Salir de la crisis económica en la que nos ha sumergido la pandemia es el objetivo común de los países. La Alianza del Pacifico- compuesta por Chile, Perú, Colombia y México- cuenta con un Consejo Empresarial, conformado por ejecutivos de alto nivel de los cuatro países, quienes tienen por objetivo elaborar propuestas y recomendaciones a los gobiernos.
Así, la propuesta más reciente realizada surgió bajo la presidencia pro témpore de Chile en el organismo, que ahora traspasó a Colombia. Ésta se enfoca en mejorar la institucionalidad y gestión de proyectos de infraestructura pública, que consideran una medida eficaz para reactivar la economía en medio de la crisis.
La redacción del documento fue encargada por el capítulo chileno -presidido por Bernardo Larraín Matte (titular de la Sofofa)- al abogado experto en infaestructura y socio de Molina y Ríos, Victor Ríos, junto con el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), la Cámara Chilena de la Construcción, entre otros. Luego, trabajaron el texto con los empresarios de otros países.
El diagnóstico es que la inversión en infraestructura pública y privada en los países de la Alianza "sigue siendo deficitaria"; particularmente en el caso de Chile señalan que alcanza actualmente un 2,2% del PIB anual, debiendo elevarse dicha tasa a un 3,5% como objetivo deseable.
En las otras naciones, la inversión en México es de 3,1% del PIB y en Colombia de 2,3%. Por su parte, en Perú, "cerrar la brecha de infraestructura productiva requiere una inversión anual de entre 2,1% y 2,6% del PIB, por los próximos 20 años".
Plantean que los Estados no están haciendo una gestión eficiente de los proyectos: "En los países de la Alianza es bastante usual apreciar que, desde que un Gobierno decide impulsar una obra pública y hasta que ésta se materializa -sea por el mecanismo de obras públicas directas o vía concesiones-, transcurren más años que los deseables y necesarios, mediando plazos extraordinariamente excesivos".
Ante eso, plantean avanzar en la creación de una institucionalidad que permita contar con un Plan Nacional de Infraestructura Estratégica (PNIE) para cada país del bloque, que priorice y ordene la cartera de proyectos a nivel nacional, regional y departamental; y que cuente con una visión integral de largo plazo.
También proponen avanzar en la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura, inspirada en la experiencia neozelandesa, que se constituya como asesora de la autoridad. "Necesariamente debe tener un horizonte mayor que ese. Se debe promover la inversión en infraestructura de carácter sostenible, que contemple la ejecución y operación en cumplimiento con los estándares ambientales", proponen.
Plantean que estas agencias sean apoyadas en el sector privado por Consejos Nacionales de Infraestructura, conformados por las empresas del sector.
Contratos y mecanismos
Además de las propuestas institucionales, proponen que los contratos tengan modelos más colaborativos.
"Los inconvenientes que surgen a partir de relaciones contractuales tensionadas y desequilibradas se traducen en demoras, atrasos y sobrecostos que afectan severamente la gestión de la infraestructura de nuestros países, en su perspectiva de política pública necesaria para el desarrollo social y económico de los Estados miembros", señalan.
Por otra parte, plantean la necesidad de mejorar los mecanismos de resolución de controversias, ya que los mecanismos tradicionales, tales como el arbitraje y la litigación ante la justicia ordinaria, han sido considerados como inapropiados para la resolución de disputas en proyectos de construcción.
"Porque sólo intervienen después de que la disputa se ha generado, exacerbando la actitud conflictiva entre las partes de un proyecto y porque resultan altamente costosos en tiempo y dinero", apuntan.
Buscan potenciar las mediaciones y los directorios de disputas, instancias que juntan a expertos y que proponen soluciones a los conflictos, como el Panel Técnico de Concesiones en Chile.
"A modo de ejemplo, varios proyectos en Honduras, Panamá, El Salvador y Chile han ya contado con la participación de los Dispute Boards como mecanismos eficientes para solución de controversias in situ y en forma contemporánea a la realización de los proyectos", relatan.
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