Según las últimas cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, en Chile actualmente el déficit habitacional asciende a 927 mil familias, lo que se traduce en más de 2 millones de personas que necesitan una vivienda. De ellos, el 64% corresponde a hogares que viven allegados, ya sea en estado de hacinamiento o por su situación financiera. Además, hay cerca de 114 mil familias habitando asentamientos informales.
Frente a esta realidad, Techo-Chile y la ONG Déficit Cero presentaron una propuesta que detalla cómo las soluciones habitacionales transitorias pueden ser una respuesta clave para atender las necesidades urgentes de miles de personas, mientras avanzan hacia una vivienda adecuada.
La directora del centro de estudios de TECHO-Chile, Javiera Moncada, dijo que para que estas soluciones sean efectivamente transitorias se requiere de un plan integral que, además de la construcción de viviendas, acompañe a las familias a través de programas que consideren una formación laboral, educación financiera y asistencia legal para apoyar los esfuerzos de los vecinos en mejorar su situación a largo plazo.
Trinidad Vidal, directora de Políticas Públicas de Déficit Cero, indicó que es urgente diversificar las respuestas a la crisis habitacional. “Las soluciones transitorias no solo ofrecen refugio inmediato, sino que permiten avanzar hacia una estabilidad habitacional efectiva y sostenible”, dijo.
Las cinco propuestas
Según el estudio, las soluciones habitacionales transitorias en Chile han sido una herramienta esencial para abordar las necesidades urgentes de vivienda de personas afectadas por desastres naturales, crisis socioeconómicas y otras circunstancias adversas.
Frente a esto, Techo-Chile y la ONG Déficit Cero proponen cinco tipos de soluciones transitorias para enfrentar la crisis habitacional.
(De izq. a der.) Un campamento y el proyecto de barrio Josse Van Der Rest, en etapa de diseño, que considera 39 viviendas definitivas y 11 transitorias.
1 Barrios transitorios
Son una solución habitacional temporal implementada en situaciones de emergencia o vulnerabilidad, como pueden ser los desastres socionaturales o la relocalización desde un campamento.
Se recomienda diversificar tanto el financiamiento como la estructura organizacional. Actualmente, estos elementos dependen de los organismos de emergencia.
También se propone incluir mayor coordinación con distintos sectores del Estado y la sociedad civil para asegurar la sostenibilidad de los barrios. En esta línea, sostiene el estudio, se pueden incluir copagos a los beneficiarios para fomentar la responsabilidad y el sentido de comunidad.
2 Alojamientos colectivos
Espacios diseñados para alojar temporalmente a personas afectadas por desastres, personas en situación de calle, migrantes, víctimas de violencia intrafamiliar, desalojos, etc.
Se recomienda ampliar el perfil de usuario: tradicionalmente en Chile los albergues son orientados a personas en situación de calle en temporadas de invierno o en periodos muy cortos para emergencias por desastres naturales. “Iniciativas como esta también podrían incluir a personas migrantes y/o solicitando asilo, personas en situación de violencia intrafamiliar, jóvenes vulnerables y familias expuestas a desalojos forzosos”, dice el estudio.
Se propone también diversificar las fuentes de financiamiento incorporando alianzas público privadas en la gestión. Por otra parte, se plantea la contribución de los usuarios (simbólica) para fomentar el sentido de propiedad y colaboración.
3 Apoyos al arriendo
Se entienden como ayudas económicas otorgadas por los gobiernos o algunas organizaciones, para apoyar a personas o familias que no tienen los recursos suficientes para pagar un arriendo adecuado de sus viviendas.
Se recomienda diversificar los llamados especiales enfocados en grupos específicos de población. A modo de ejemplo, en el caso de España, se incluyen beneficios diferenciados para personas jóvenes en búsqueda de independencia, personas que viven solas o parejas que necesitan espacios más reducidos.
Por otra parte, se destaca la necesidad de hacer ajustes al beneficio para que la cobertura sea distinta y proporcional en función de las necesidades de los distintos grupos.
Actualmente, la gestión del Subsidio DS52 está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, se propone una reevaluación del ministerio a cargo, considerando que este apoyo para el arriendo atiende a una amplia variedad de grupos que requieren beneficios específicos.
4 Vivienda primero
Este enfoque deriva del modelo estadounidense Housing First, que prioriza proporcionar una vivienda estable y segura a personas en situación de calle como primer paso, seguido de un apoyo integral en áreas como salud, empleo y desarrollo social.
Se recomienda ampliar el enfoque de beneficiarios a personas con necesidades complejas y prolongadas (violencia intrafamiliar, jóvenes vulnerables, personas migrantes). También que exista la posibilidad del copago de la vivienda mediante un nuevo modelo, donde los beneficiarios contribuyen con un porcentaje de sus ingresos (no superior al 30%), similar a lo observado en municipios de Bolonia, Italia, donde este enfoque ha mejorado la sostenibilidad del programa. Además, se sugiere incorporar financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para aumentar el stock de viviendas disponibles y asequibles, asegurando que haya suficiente oferta para la demanda.
5 Saneamiento y regularización
El estudio destaca que, con esto, se busca entregar una solución habitacional a familias de campamento en base a regularizar asentamientos poblados que no cuentan con los permisos o recepciones definitivas, mejorar la infraestructura y dotar de servicios básicos a través de la regularización y urbanización de estos asentamientos. Según el reporte, la transitoriedad radica en la progresividad del proceso, donde se incorpora activamente la participación de la comunidad en cada una de las etapas de radicación del campamento. “Esta alternativa permite dotar a campamentos de servicios básicos y avanzar en la obtención de títulos de dominio a través de mecanismos constructivos progresivos”, señaló el estudio.
Se sugiere una actualización de la Ley 20.234 (sobre procedimientos de saneamiento y regularización de loteos), extendiendo los plazos de ésta más allá del año 2030, como también ampliar la cobertura para sumar los campamentos instalados después de 2019.
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J. Troncoso Ostornol
