El fallo de la Corte Suprema en contra de la central termoeléctrica Castilla abrió un nuevo flanco para las compañías de energía y minería del país.
La decisión del máximo tribunal estableció un precedente para los futuros proyectos de estos sectores, toda vez que en su decisión sostiene que tanto el puerto como la central debían presentar sólo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). “Se dispone como medida de tutela constitucional que los titulares de los proyectos Puerto Castilla y Central Termoeléctrica Castilla deben presentar un estudio de impacto ambiental que considere los dos proyectos en forma conjunta y su conexión para la transferencia del carbón y del petróleo diésel B, en su caso, desde el primero hacia la segunda”, señalo el fallo en el que cambia el criterio que se mantenía hasta ahora de presentar EIA separados para desarrollos de alta complejidad.
Esto podría convertirse en un precedente para todos los proyectos complejos, que involucran más de una actividad, como los desarrollos mineros que involucran la construcción de puertos o los proyectos de energía que podrían verse obligados incluso a presentar en un mismo proyecto sus líneas de transmisión asociadas.
Además, tanto en la industria de energía y minería ha quedado de manifiesto la preocupación respecto de la judicialización de los proyectos, lo que demoraría más su ejecución de ser aprobados y lo que se transforma en una piedra de tope para los 8.000 MW de capacidad instalada que necesita el país, de acuerdo a cifras del sector. Dentro de los proyectos de energía que han pasado por la justicia hasta ahora, además de Castilla, se encuentran HidroAysén, cuya aprobación ambiental fue ratificada por la Corte Suprema, pero espera el cambio de condiciones que aseguren su viabilidad; Cuervo, donde la Corte Suprema acogió recurso de protección en contra del SEA. En el caso de Bocamina 2, la Corte Suprema obligó a Endesa a realizar estudio de impacto ambiental.
En total, son 15 los proyectos que se encuentran paralizados o rechazados en distintas instancias (no necesariamente en la Corte Suprema). En conjunto representan 740 MW de capacidad instalada y una inversión de
US$ 20.068 millones
(ver tabla).
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