Eléctrica Puntilla ve incierta fecha de entrada de central Ñuble
La firma relicitó los contratos de construcción de la unidad y definirá a mitad de año nuevo cronograma.
Por: antonio astudillo m.
Publicado: Miércoles 2 de marzo de 2016 a las 04:00 hrs.
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Recién a fin de mes Eléctrica Puntilla, controlada por la Asociación de Canalistas Sociedad Canal del Maipo, donde la familia Pérez Cruz (ex dueños de CGE) participa como accionista, podría tener claridad sobre el retraso en la entrada en operación de la central hidroeléctrica Ñuble (136 MW), su principal proyecto en carpeta.
En octubre, la empresa dio término anticipado al contrato de construcción por US$ 257 millones que mantenía con Vial y Vives, filial del grupo peruano Graña y Montero, por desavenencias respecto de la marcha del proyecto.
En sus estados financieros a diciembre, Puntilla informó que dividió las obras en cuatro contratos, que asignará a empresas diferentes.
A fines de enero la eléctrica cerró el primer acuerdo con Ingeniería Agrosonda, que construirá la bocatoma de la central, cuya inversión total está estimada en US$ 400 millones.
“Los otros tres contratos están en proceso de licitación, con fecha estimada de recepción de ofertas en marzo de 2016”, explicó la firma en su estado de resultados, donde reportó un alza de 97% en la utilidad controladora.
Si bien a fines del año pasado la generadora estimó que el retraso en la entrada en operación de la central sería de unos doce meses (hasta julio de 2018), hoy reconocen que los plazos son más inciertos, pues la adjudicación de las obras a los nuevos contratantes se definiría hacia fines del segundo trimestre.
Este proyecto forma parte de los activos del negocio de generación eléctrica que el grupo CGE vendió en 2013 y que fueron adquiridos por Eléctrica Puntilla, en una operación que también incluyó derechos de agua con potencial de generación.
El proyecto Ñuble no ha estado exento de contratiempos, ya que hitos como la obtención de permisos por parte de la Dirección general de Aguas (DGA) tomó más de siete años, tras la aprobación ambiental de la iniciativa que data de 2007.
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