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REGÍSTRATE AQUÍUno de los puntos clave de la discusión será la injerencia que tiene la Corte Suprema para resolver en materias de fondo de los proyectos.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 28 de septiembre de 2012 a las 05:00 hrs.
Por J. Catrón/J.C. Prado
Afinando los últimos detalles de las propuestas. En eso se encuentran las empresas y gremios que participan en los sectores eléctrico y minero para concluir la elaboración de los documentos que presentarán en las mesas de trabajo que se llevarán a cabo este sábado en la cumbre de ministros y líderes privados que se realizará en el hotel Crowne Plaza, con el objetivo de abordar las principales problemáticas y sus posibles soluciones.
Cercanos al mundo empresarial adelantan que los textos en los que están trabajando los referentes de las eléctricas y mineras -industrias que están elaborando sus conclusiones en forma independiente-, buscan dar mayor certeza administrativa y jurídica a los proyectos de inversión.
La idea es priorizar los diferentes aspectos que componen parte administrativa de la tramitación de un proyecto y acotar las materias, desde las que están directamente relacionadas con la ejecución del mismo hasta las colaterales. En relación a las primeras, se busca que sea un organismo técnico el que se pronuncie, ya sea a nivel regional o central.
Otro aspecto importante es el rol de la Corte Suprema. La propuesta del sector privado considera que el máximo tribunal sólo debería pronunciarse sobre la legalidad de los procesos y no tener injerencia ni obligue a los titulares de un proyecto a hacerle cambios para darle el visto bueno.
Esta definición tomó especial relevancia después del fallo del máximo tribunal del país que a fines de agosto pasado paralizó la central termoeléctrica Castilla, la que contemplaba una inversión de US$ 5.000 millones por parte de MPX, de Eike Batista.
Cómo se organizará
Entre las asociaciones convocadas se encuentran la CPC, Sofofa, Sonami, Consejo Minero y la Cámara Chilena de la Construcción, cuyos dirigentes expondrán en la sesión plenaria.
El objetivo que el gobierno persigue con el llamado Encuentro Pro Inversión y Competitividad es plantear un cambio legal que fomente la inversión y propondrá medidas regulatorias o de gestión que acoten los plazos de tramitación a la que se ven sometidas las iniciativas privadas.
El Ministerio de Economía ha mantenido contacto con las asociaciones gremiales, las que a su vez se coordinan con las empresas del sector para adelantar las materias que serán tratadas en las cinco mesas de trabajo, las que se dividirán por tema: Energía, Minería, Aguas, Permisos y Medioambiente.
Las mesas, que serán encabezadas por secretarios de Estado, estarán además integradas por gerentes generales de compañías junto a representantes sectoriales, además de asesores técnicos.
En ellas se verán los cambios que debieran ser implementados para, por ejemplo, disminuir los plazos que demora la aprobación de proyectos, uso eficiente de recursos hídricos y cambios a la normativa vigente. Uno de los puntos que concentra el mayor interés es el de los altos costos de la energía y la pérdida de competitividad de las empresas, además de las mejoras para hacer más eficientes a los servicios públicos que participan en cada uno de los procesos que se debe cumplir para aprobar distintas iniciativas.
“Algo tan sencillo como sincerar las deudas incobrables, no lo hicieron durante años, fueron renovando y reconocieron como que hubiese ganado el interés”, sostuvo el penalista de la AGF, Sergio Rodríguez, en el onceavo día de formalizaciones.
El gobernador Sergio Giacaman convocó a alcaldes, consejeros regionales y gremios para unificar posturas. Al final del encuentro, coincidieron en su molestia por la falta de detalles en la propuesta del Ejecutivo. El alcalde de Talcahuano señaló que cualquier alternativa a la concesión retrasará el inicio de operaciones en cuatro años.
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