Que el rechazo de las comunidades logre efectivamente paralizar proyectos de inversión es un mito que un análisis realizado por el centro de estudios Espacio Público intenta derribar.
Según las conclusiones de esta investigación, que considera los fallos de los Tribunales Ambientales y lo resuelto por la Corte Suprema vía recursos de casación, la efectividad para oponerse por vía judicial a este tipo de iniciativas y lograr su rechazo es mínima, ya que sólo tres de 106 casos resuetlos han logrado retrotraer proyectos a etapas iniciales y, de ellos, ninguno ha sido ganado por una comunidad indígena. Desde su creación en 2013, han ingresado 184 casos a esta justicia especializada, de los cuales 106 ya han sido resueltos.
Aún más, lo que se ha logrado en estas instancias, más que la paralización, ha sido devolver los proyectos a etapas anteriores de la evaluación, en las que las opciones de ajuste a las iniciativas son prácticamente inexistentes.
“El gobierno se ha empeñado en una reforma más focalizada en la permisología y en la reducción de plazos, una simplificación que no es incorrecta, pero después de veinte años de funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) pareciera que hay que mirar las cosas en términos más globales, porque la mera simplificación del trámite lo que hará es trasladar la complejidad del conflicto sin eliminarlo”, asegura el abogado Luis Cordero, director de Espacio Público.
La propuesta del centro de estudios apunta a elevar la calidad de la evaluación ambiental y mejorar el uso de la información que se procesa, pero en paralelo plantea la necesidad de una institucionalidad distinta, que se haga cargo del diálogo con las comunidades, permitiendo la participación en las etapas tempranas de los proyectos. Esto, dice, reduciría la frustración que incentiva los conflictos.
Cordero precisa que al acudir a instancias como los tribunales ambientales -previo a la creación de estas sedes especializadas a la Corte Suprema- y la Superintendencia de Medio Ambiente, las comunidades buscan dar salida a la frustración que les provoca el que hoy las instancias de participación ciudadana estén acotadas a un proceso rígido y con períodos establecidos de antemano dentro del procedimiento del SEIA, es decir, se las escucha cuando el Estudio de Impacto Ambiental ya fue ingresado y, por ende, el diseño del proyecto tiene pocas posibilidades de incorporar las inquietudes de estos grupos.
Estos mecanismos, añade, impiden que muchos de los conflictos en torno a los proyectos se resuelvan de una forma satisfactoria.
Conflictividad
Chile es uno de los países con mayor presencia de conflictos socioambientales a nivel mundial, alcanzando este año el lugar 14 en el Atlas de Justicia Ambiental, y lo que esta situación deja en evidencia es la debilidad de la institucionalidad en lo relativo a las instancias de participación de estos grupos de la sociedad civil, ya sean organizaciones de base, comunidades indígenas, organizaciones sociales ambientalistas o las comunidades aledañas a las iniciativas.
“Estamos exigiéndole al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuestiones que son inadecuadas, porque no es ese el mecanismo de canalización para la manifestación de inquietudes de las comunidades y el diálogo con los proyectos”, afirma el abogado.
El también socio del estudio FerradaNehme explica que a esta instancia, actualmente en proceso de reforma, se le está exigiendo una cantidad de cosas que no está en condiciones de hacer.
“No es el instrumento para hacerse cargo de problemas distributivos de una comunidad y eso supone una presión para que el SEIA trate de dar soluciones a problemas de política pública para los cuales no fue estructurado y, por otro lado, desde el sector privado enfrenta la crítica por la demora en la tramitación de los proyectos, sin que estos privados se preocupen del conflicto social que hay detrás y que perdurará aunque los tiempos de evaluación se reduzcan”.
Cordero plantea que la reforma al SEIA es insuficiente, ya que sólo se está poniendo el foco en la reducción de los plazos de evaluación de iniciativas y esta simplificación en nada ayuda a resolver los conflictos que enfrentan los proyectos de inversión, ya que el gran volumen está en las iniciativas medianas, que enfrentan complejidades -incluso mayores en su relacionamiento- que las de gran tamaño.
Luis Cordero, socio del estudio FerradaNehme y director de Espacio Público.
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