La disputa por la entrega de antecedentes en el caso de colusión de las papeleras CMPC y la sueca SCA, que hoy enfrenta a la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de defensa de la Libre competencia (TDLC) con el Ministerio Público, podría ser la última de este tipo con los cambios que se introducirán al proyecto de ley de libre competencia que se discute en el Congreso.
Un acuerdo alcanzado entre parlamentarios de la comisión de Constitución del Senado y el gobierno, impedirá en el futuro la existencia de juicios paralelos en sede administrativa y penal en casos de colusión, una vez que la iniciativa legal que fortalece este sistema sea despachado.
Según señaló el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en el futuro sólo una vez que el TDLC emita una sentencia final por ejemplo una multa, y esta sea ejecutoriada, el Ministerio Público podrá abrir el caso en su arista penal para perseguir responsabilidades.
Céspedes señaló que la idea es “asegurar que haya un trabajo entre la FNE y el Ministerio Público” en los casos, aunque resguardando la confidencialidad de la información que se obtenga a través del mecanismo de delación compensada.
En este sentido, el titular de Economía sostuvo que la discusión sobre los tipos penales que se aplicarán ya fue definida por los parlamentarios, y que la idea que primó entre ellos fue la de ampliar los beneficios del mecanismo de delación compensada a la arista penal.
“Se hicieron algunos ajustes que permitirán fortalecer el mecanismo de la delación compensada, para que los que accedan a ella sean sujetos de beneficio en sede penal, que queden exentos de alguna persecución penal, claro que definiendo los criterios cuando ello ocurra”, dijo el secretario de Estado.
Respecto de las penas a las que se exponen los ejecutivos que participen de acuerdos para fijar precios o repartirse el mercado, éstas irán de los cinco a diez años, tal como está propuesto en el proyecto.
Entrega de información
Los parlamentarios también abordarán en la legislación el tipo de información que se entregará para dichas investigaciones, con lo que se busca resguardar los datos obtenidos durante la investigación y que puedan resultar sensibles.
“La redacción que se ha propuesto determina como se entregará este tipo de información, con resguardo fundado en las instituciones”, señaló Céspedes.
El gobierno espera que la tramitación del proyecto de ley, que ingresó en marzo del año pasado al Congreso, finalice hacia mediados de abril.
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