El puntapié inicial se dio este miércoles a las audiencias públicas en el Panel de Expertos, instancia que dirime conflictos del sector eléctrico, en el marco de las discrepancias presentadas por diversas empresas respecto al Informe Técnico del Cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente al cuatrienio noviembre 2020-noviembre 2024, emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) el 23 de diciembre de 2022.
El documento fue un hito clave en el proceso de determinación del VAD, el cual es el primero bajo las reglas de la ley corta de distribución 2019, y se da tras atrasos que se arrastran desde el gobierno anterior. De los costos derivados del cálculo del VAD se obtendrán posteriormente las tarifas de distribución de todas las empresas y cooperativas eléctricas.
Así, tal como se esperaba, diversas empresas acudieron al Panel el 19 de enero, al filo del plazo. En una jornada que se extendió por más de cuatro horas, abrió los fuegos Enel Distribución refiriéndose al área típica número uno. Primero, detalló la cronología de las etapas desarrolladas en el estudio para el cálculo de las componentes del VAD desde noviembre de 2020 a diciembre 2022 y luego profundizó en sus discrepancias respecto a los siguientes aspectos: costo total de inversión y ajuste por efectos de impuesto a la renta; costos de operación y mantenimiento; costos fijos independientes del consumo; y las pérdidas medias.
Sobre este último ítem, por ejemplo, uno de los elementos que se abordaron son los incobrables. Enel Distribución cuestionó el hecho de utilizar los datos históricos como único supuesto para la determinación de estos.
“Dado que la pandemia siguió hasta casi el año 2022 es que el porcentaje de incobrables que estaba para el año 2021 y que después tiene una curva, descendente en el tiempo, nosotros no estamos esperando que se suba, sino que se reconozca que el mismo 2021 replicarlo en el año 2022 por efectos que la aplicación de los no cortes de servicio por efecto de las distintas leyes de servicios básicos se mantuvo y también además la gente en general se vio mermada en sus ingresos (...)”, se señaló en la cita.
Las otras empresas
También expuso Chilquinta Distribución cuya presentación estuvo referida al estudio de tarifas del área típica número 3. Se señaló que “los resultados son tan alejados a lo razonable que no nos permitirían operar la compañía tal cual están planteados”. “Las discrepancias que hemos preparado son 16 y tienen como objetivo hacernos cargo de algunos temas que están asociados a la realidad de las compañías y que en general han sido omitidos”, dijo.
En tanto, Empresa Eléctrica de Magallanes y CGE -en una presentación conjunta- plantearon sus presentaciones sobre áreas típicas dos y cuatro. “Lo que nos mueve en nuestras dos principales discrepancias es poder lograr una calidad de servicio igualitaria para nuestros clientes y que todos puedan estar dentro de la normativa vigente. Por otro lado, respecto de las pérdidas no técnicas, solo pedimos que se considere la realidad que enfrenta nuestra empresa y que consecuentemente enfrentaría la empresa modelo y las implicancias que ha tenido en los últimos años el crecimiento explosivo de campamentos y el cambio de comportamiento de parte importante de la sociedad”, dijeron.
La CNE, junto con rechazar las discrepancias, enfatizó que el proceso VAD en cuestión es “inédito” y de “alta complejidad”, la forma de participación de las empresas involucradas “cambió radicalmente” y la estructura y plazos del proceso son “totalmente nuevos”. En sí, recalcaron que se presentaron 117 discrepancias.
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