Cerca de una hora duró la cita del pleno de la Corte Suprema que se reunió ayer para analizar los dichos de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, comentando el fallo de la Tercera Sala en que rechazó el proyecto termoeléctrico Castilla. “El pleno de la Corte Suprema manifiesta su total y absoluto rechazo a las declaraciones de la señora ministra de Medioambiente que han sobrepasado la sola crítica y constituyen la afectación de la independencia y la autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones”, indica el comunicado enviado horas después del término de la cita y que fue leído por el ministro Hugo Dolmestch, vocero titular de la Corte.
Sin la firma de Sergio Muñoz, Carlos Künsemüller, Rosa Egnem, Guillermo Silva y Juan Escobar -pues se inhabilitaron por haber sido quienes frenaron el proyecto-, los ministros del Máximo Tribunal señalaron que de “las declaraciones de la señora Ministra del Medio Ambiente puede concluirse que éstas no han importado crítica, sino que constituyen derechamente una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución Política entrega a los tribunales de justicia”.
En un comunicado de tres páginas, el pleno señaló que las afirmaciones de Benítez “van inequívocamente dirigidas en el sentido de desconocer a la jurisdicción competencia para revisar la legalidad de los actos de la Administración, en este caso específico, de la autoridad ambiental”.
Por ello, los jueces explicaron en el documento que el poder judicial ha sido concebido “precisamente, entre otros fines, para revisar y cautelar que la actividad de los órganos que forman parte de la Administración del Estado no contravenga la legislación vigente, cuando se le plantea que ésta ha privado, perturbado o simplemente amenazado el legítimo ejercicio de derechos fundamentales”.
Además, indicaron que por tal razón, los fallos de los tribunales no se refieren sólo a “cuestiones meramente técnicas”, como algunos han puesto en duda sobre la facultad que tengan los tribunales de ver este tipo de temas, “sino de conflictos en que las personas reclaman protección, que los tribunales que forman parte del Poder Judicial de la República jamás les negarán, en el ejercicio inclaudicable de su tarea de administrar justicia”.
En todo caso, el documento señala que de los once ministros que firmaron el documento, dos de ellos, la ministra Gabriela Pérez y el ministro suplente Alfredo Pfeiffer, no comparten algunos puntos del acuerdo, pues estiman que “las expresiones vertidas por la señora Ministra del Medioambiente sólo constituyen una crítica inadecuada al fallo en referencia”.
Reacciones de la ministra
Tras participar de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la ministra Benítez dijo que “ya emití mi opinión ayer, así que no tengo más comentarios al respecto”. Acerca de lo que manifestó la Corte Suprema, señaló que “ellos (los ministros del máximo tribunal) pueden emitir sus propias opiniones”.
Las declaraciones
En el mismo escrito, los ministros citaron algunas de las declaraciones que gatillaron su reunión. Entre ellas, “al decir el fallo que no se evaluó una parte y que todo debe evaluarse en conjunto, está refiriéndose a un tema que es de competencia de la administración (…) Sustituir al organismo técnico es lo que no corresponde y acá la institucionalidad queda en entredicho”. “A mi juicio la Corte no debiera calificar, porque el único encargado de calificar y con la competencia para hacerlo es la autoridad sanitaria (…) Creo que la Corte no tiene la competencia técnica en esos temas para decir que esto es contaminante o no’”, citó el comunicado enviado por el pleno.
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