POR CONSUELO MEJÍAS SMITH
La reforma a la institucionalidad ambiental de 2010 generó un cambio significativo en el sistema. Dentro de las modificaciones, sólo resta que se lleve a efecto la instauración de la Superintendencia y los Tribunales del ramo, cuyo proyecto de ley fue desapachado recientemente por el Congreso.
Ante este escenario, los estudios de abogados no han quedado indiferentes y ya se están preparando para los nuevos requerimientos.
Nueva unidad
El abogado del estudio FerradaNehme, Patricio Leyton, quien dirige el Área de Medio Ambiente y Recursos Naturales al interior de la firma, considera que el cambio se refleja, entre otros parámetros, en el monto de las multas, que pasaron de unos US$ 30.000 a cerca de US$ 9 millones.
Para abordar estas materias cuentan con una nueva unidad denominada Derecho Público y Gobierno, con énfasis en derecho constitucional, administrativo y público en general. “Está liderada por Luis Cordero, quien se incorporó al equipo como consultor el año pasado y, desde el primero de enero, se integró como socio”, explicó.
Cordero es máster y doctor en derecho por la Universidad de Lleida, con menciones y especialización en derecho administrativo. También ha sido Coordinador de la Reforma a la Institucionalidad Ambiental, y es miembro de la Comisión de Supervisión Financiera. Asimismo, es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile hace más de diez años.
La empresa también cuenta con un área de Litigios, la cual están potenciando.
Mayor ligitiosidad
El socio fundador de Vergara Galindo Correa Abogados, Javier Vergara, explicó que “esperamos un desplazamiento de algunas áreas de litigación hacia la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales”.
Por lo tanto, durante los últimos meses “hemos dado apoyo a los clientes en los temas vinculados al cumplimiento ambiental de las normativas, para lo cual hemos tenido que fortalecer el equipo encargado de seguimiento a los clientes y de apoyo de gestión”.
Comentó además que han podido constatar un mayor movimiento en temas penales ambientales, para lo cual “hemos ido fortaleciendo nuestra área de litigios”. Y agregó que “lo que hemos logrado armar es un grupo de profesionales que es capaz de absorver los distintos ámbitos de un problema ambiental, que puede tener un componente administrativo, otro judicial, ante el Tribunal del Crimen, o eventualmente lo que va a ser ante el Tribunal Administrativo”.
Recalcó que “vemos que claramente habrá una mayor ligitiosidad, que tiene que tomarse con una visión completa de la problemática de los litigios ambientales”.
Coordinación y potenciamiento
En Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr, el abogado experto en Derecho Medioambiental y Recursos Naturales, Ignacio Urrutia, explicó que “estamos estudiando los antecedentes del proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales y claramente vamos a potenciar el estudio para abordar esta nueva situación”.
Añadió que “es un escenario que anuncia que tendremos mayor cantidad de trabajo en esa área y vamos a crecer para apoyar a nuestros cliente sen esa materia”. Por esto es que “estamos coordinándonos con el área juicios para entregar una visión completa”.
Asimismo considera que “posiblemente se va a requerir de más personas trabajando en esto, que es un tema muy serio”.
Anticipó que “va a ser un procedimiento gradual y en ese sentido estamos a la espera de saber quiénes van a ser designados jueces y cómo se va a hacer la gestión desde el punto de vista del área pública”.
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