Luego de que el gobierno anunciara a comienzos de año la promulgación de la Ley de la Jibia, que limita su extracción sólo a técnicas o modos de pesca artesanales, la Asociación de Industriales Pesqueros Región del Biobío (Asipes) dio a conocer primera cifra global de despidos.
La lista la lidera Pacific Blu, con 400 desvinculaciones, seguido por Alimar con 300 y Landes con 200, totalizando aproximadamente 900 despidos a la fecha.
Eso no es todo, ya que se prevé que la sustitución de puestos de trabajo alcance los 1.700 sólo en dicha región.
Desde Asipes también indicaron que estas cifras preliminares no contemplan a los prestadores de servicios, especialmente pymes que laboran exclusivamente para la pesca industrial y que no podrán seguir laborando debido al cierre de plantas y la salida de buques.
Y según la asociación, hasta el 7 de agosto el sector industrial ha capturado las 40.000 toneladas asignadas, mientras que las lanchas artesanales que utilizan el arte de cerco han sacado del agua otras 4.500 toneladas. A la misma fecha, Perú ya sobrepasó las 400 mil toneladas.
Macarena Cepeda Godoy, presidenta de ASIPES indicó que "hasta ahora la opinión de técnicos, científicos y expertos del mundo pesquero ha sido obviada como base de las discusiones en las diversas reformas políticas que afectan a la pesca industrial. Por ello, hacemos un llamado al diálogo con fondo técnico y científico, que recoja las experiencias y las mejores prácticas pesqueras internacionales. Esperamos que el ministro Fontaine tenga el liderazgo para enmendar el rumbo y comenzar a entregar las certezas y la estabilidad que el sector requiere" .
En tanto, el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo, manifestó que "estamos ante una problemática social y económica de alto impacto para cada una de las familias que perderán su fuente de ingresos. Históricamente las empresas, una vez agotada su cuota, mantenían el grueso de estos empleos a través de actividades de mantención, capacitación o reasignaciones. Con el actual escenario eso no es posible, debido a que la pesca industrial no podrá seguir operando cuando entre en vigencia, en unos días más, la nueva ley que regula la extracción de esta especie".
Según añadió el Bacigalupo, "los potenciales efectos negativos de esta norma no solo afectarán a industriales y artesanales pesqueros, sino que también a Chile, pues hoy el sector artesanal solo ha extraído el 3% de la cuota a la que tiene derecho, y porque el sector industrial dejará de pescar la suya, dado el arte de pesca exigido es incompatible con sus embarcaciones. Ante este escenario, es esperable que la ORP, cuando comience a asignar cuotas de pesca para este recurso, le otorgue a Chile menores cuotas de jibia y que este mismo recurso comience a ser explotado por otros países en aguas internacionales".
En esa línea, la federación gremial, que agrupa 10 gremios y 109 empresas, proponen a la autoridad una mesa de trabajo con autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, además de científicos y representantes de la pesca artesanal e industrial, con el fin de "buscar soluciones que beneficien la sustentabilidad de toda la actividad, ambiental y social".
"Aunque parece ser tarde, siempre hay tiempo para conversar y buscar acuerdos sobre fundamentos, sobre todo por el alto impacto que puede no tener no volver a intentarlo", agregó Bacigalupo.
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