Tras las definiciones que formuló este fin de semana el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, en orden a la necesidad de diseñar una nueva Constitución, así como de la disposición del gobierno a abrirse a esta discusión en la voz del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la principal cúpula empresarial comenzó a iniciar un proceso de análisis de los cursos de acción para este nuevo escenario.
Es así que junto a las gestiones en curso por llevar a cabo una reunión del Comité Ejecutivo en el transcurso de esta semana, y anticipar así la programada para el próximo martes, la CPC ya tiene claro el punto de partida de este trabajo: la propuesta desarrollada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en el marco del debate constitucional al cual llamó la presidenta Michelle Bachelet en 2015.
Si bien en esa oportunidad la CPC mandató a todas sus ramas a abordar este proceso, fue finalmente la CChC la que desarrolló el trabajo más avanzado, al punto que culminó en un documento –“Pilares para Construir un mejor Chile para todos”-, que fue presentado a la exmandataria en mayo de 2016 y aportó los principales insumos para las ramas de la multigremial. Por ello, ahora se constituyó en la base de la tarea de análisis de las vías de reforma constitucional que se inician.
“Compartimos el llamado del Presidente de la República. En líneas muy generales, estamos pensando en volver a tomar lo que preparamos con motivo de la convocatoria que hizo la Presidenta Bachelet, tener los antecedentes, los documentos que preparamos, y actualizar los aspectos que nos parecían más relevantes para analizar en un plano constitucional”, señala el presidente del Comité de Legislación de la CChC, Blas Bellolio.
En relación a las primeras etapas de la reactivación de esta labor en ese gremio, Bellolio adelantó que “vamos a revisar las directrices muy generales que se han planteado por parte del gobierno y vamos a conocer las otras, porque en una primera etapa estaríamos discutiendo cómo es y qué requisitos tendrá la reforma la Constitución, capítulo al que hay que darle prioridad, para luego entrar en el detalle una vez que sepamos cómo se va a estructurar esto”.
En esta línea, indicó que habían tenido en agenda solicitar una reunión con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC), en los próximos días “para conocer directamente por parte de él qué es lo que se está pensando en relación a los distintos mecanismos” en cuanto a las alternativas como congreso constituyente (que impulsa el Ejecutivo) , convención constituyente -como propuso Bachelet- o una asamblea constituyente que solicitan partidos de la oposición y movimientos sociales.
“Todo aquello que signifique una revisión juiciosa y criteriosa de lo que hay que revisar en una Constitución me parece que estamos muy dispuestos a participar y ayudar en eso”, puntualizó Bellolio.
Consultado por los lineamientos de la propuesta, Bellolio destacó el tema del rol subsidiario del Estado. “Creo que ese es uno de los temas que habrá que revisar a la luz de lo que se está pidiendo por parte de la ciudadanía, siempre respetando por supuesto el derecho de propiedad”, indicó sobre el punto que en el caso del análisis sectorial que hizo el gremio ha estado enfocado en la propiedad de los terrenos e inmuebles.
Visión de los gremios
La preocupación por los alcances que tendrá el próximo cambio constitucional es transversal en todos los gremios empresariales. En el caso de la Sofofa, la alerta estaría puesta en que este proceso en definitiva no sea suficiente y que, una vez abordado, obligue al gobierno a enfrentar un sin fin de demandas. En este sentido, valorarían que el concepto de congreso constituyente planteado por Piñera implica poner un freno a la idea de la asamblea constituyente permitiendo garantizar que sólo después de un análisis a la carta actual se evaluarán los cambios sin comprometerse a modificaciones específicas.
Jessica López, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), señaló que "desde el punto de vista de la industria sanitaria, el aspecto esencial que debe contener nuestra Constitución es el derecho de las personas al agua y la prioridad que ésta debe tener en función del consumo humano".
"Como país, estamos enfrentando escenarios de alta complejidad producto de la sequía y del cambio climático. Por ello, el ordenamiento jurídico debe priorizar los aspectos antes mencionados, orientando así las políticas públicas que nos permitan garantizar el consumo de agua para las actuales y futuras generaciones", añadió López.
Las alternativas internacionales para cambiar la Constitución
- Poder Legislativo
- El Congreso es el principal organismo a cargo de elaborar y aprobar un nuevo texto. A su vez, pueden escogerse algunos miembros de la o las cámaras de representantes, para que estos tengan dedicación exclusiva a la redacción de una nueva Constitución. El texto final es ratificado por el Congreso en pleno, la ciudadanía o ambos.
- Asamblea Constituyente
- El PNUD señala que una Asamblea Constituyente es un organismo colegiado, compuesto por ciudadanos que fueron electos por sufragio popular para discutir y diseñar de manera exclusiva una Constitución. Una vez concluida esa labor, la asamblea se disolverá.
- Congreso Constituyente
- Un Congreso Constituyente es una variante de la Asamblea, elegido para redactar una nueva Constitución. En algunos casos, dice el PNUD, este órgano ejerce en primer lugar y de manera exclusiva su función de elaborar una nueva Constitución y, una vez finalizada esa tarea, continúa en vigencia para poder ejercer el Poder Legislativo.
- Comisión de expertos
- En este caso, la encargada de redactar un nuevo texto constitucional es una comisión de expertos, generalmente relacionados a las áreas del derecho o las ciencias sociales. A diferencia de la Asamblea Constituyente, esta instancia está conformada por personas designadas y, por lo general, quien escoge a los miembros es el Ejecutivo.
- Convención Constituyente
- Otra de las opciones, y que no está contemplada en el informe del PNUD, pero que sí está evaluando el gobierno, es la Convención Constituyente.
- Este mecanismo trata de una instancia compuesta por parlamentarios y representantes de la sociedad civil, quienes tendrán que redactar el texto constitucional.
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