El casco de bombero que le regalaron a Claudio Alvarado y que hoy destaca en su oficina de La Moneda parece una metáfora de su paso por el gobierno. Como biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) de la administración Kast, le ha correspondido apagar más de un incendio en estos ocho meses de gestión.
Pero el último ha sido especialmente complejo. La crisis política desatada por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad lo encontró, además, ejerciendo como vicepresidente de la República. Una controversia que ha puesto en el centro de los cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya renuncia ha sido exigida insistentemente y contra quien la oposición anunció una acusación constitucional.
Tampoco las cifras económicas han ayudado: el desempleo está en récord de cinco años y la economía arriesga no crecer este año.
- ¿Cómo se recupera la agenda? Llevamos dos semanas con el caso de la rebaja de condena, debe ser desgastante estar todos los días hablando del mismo tema, incluso a raíz de declaraciones de parlamentarios del propio gobierno…
- Sí, indudablemente no es confortable, es un desgaste, pero lo importante es que no perdamos el foco y que el gobierno no se paralice. La mejor prueba de ello es que estamos discutiendo ahora la ley más importante para un gobierno, que es la Ley de Presupuestos, y vamos avanzando bien.
Tenemos ruido por un caso específico, pero el gobierno no ha perdido el eje ni el rumbo. Todos los proyectos que dicen relación con materias de seguridad siguen avanzando en el Congreso sin problema, se van transformando en ley.
Por lo tanto, nuestro desafío es que este ruido -o el debate que genera un caso específico- no termine paralizando al gobierno. Podemos discutir, pero avanzamos con un rumbo claro. No nos hemos quedado atrapados en la contingencia. Tenemos estas dificultades, pero también hemos generado las condiciones para que Chile vuelva a crecer, para que vuelvan a estar presentes las oportunidades de empleo y para que se recupere la seguridad.
“Ya generamos las bases estructurales para la economía vuelva a crecer, pero ese crecimiento no es inmediato”.
- ¿Cómo explica, entonces, que el respaldo ciudadano siga bajando y haya críticas desde el propio oficialismo?
- En cuanto al respaldo ciudadano, nosotros tomamos medidas que afectaron directamente al bolsillo de las personas. Cuando nos enfrentamos a la crisis internacional de los precios de los combustibles, hubo que tomar una decisión compleja. Veníamos llegando al gobierno, teníamos un déficit fiscal importante, había problemas de caja y había que ordenarlos. El Presupuesto del año pasado estaba mal formulado, no contemplaba una serie de gastos establecidos y la Ley de reajuste fue aprobada en febrero de este año desfinanciada. Cuando tienes esa realidad y te encuentras abruptamente con una situación externa que no puedes controlar, pero que te afecta en los precios internos, teníamos dos caminos: nos íbamos por el populismo y seguíamos endeudando al país, que ya tiene su capacidad casi al límite en esa materia; o actuábamos con sentido de responsabilidad fiscal. Decidimos actuar con responsabilidad. Se ajustaron los precios y, dentro de nuestras posibilidades, fuimos con compensaciones.
- ¿Pero mantiene bajo respaldo según las encuestas?
- Cuando las expectativas no se cumplen en la medida en que uno esperaba, se produce una sensación de frustración y esa frustración se traduce en la percepción ciudadana. Pero tengo la convicción de que las medidas que estamos tomando van a hacer que, en el transcurso de la gestión de gobierno, esas percepciones negativas comiencen a disminuir, por una razón muy simple: ya generamos las bases estructurales para que la economía vuelva a crecer. Pero ese crecimiento no es inmediato, no es de aquí a un año o un año y medio más. Cuando la economía comienza a dinamizarse, empieza a generar oportunidades de empleo. Cuando las familias comiencen a generar ingresos, la percepción y el estado de ánimo van a cambiar.
- ¿Le preocupa la situación actual del gobierno, que para muchos es la peor crisis política por lo sucedido con la rebaja de condenas?
- En este caso, tenemos que separar dos cosas: la realidad objetiva versus las opiniones políticas. Indudablemente, es un caso que tiene un impacto importante en la ciudadanía, que ha generado un profundo debate político y una serie de cuestionamientos. Sería poco serio desconocerlo, pero nuestra obligación es enfrentarlo con transparencia, respetando las atribuciones de cada institución y evitando que las diferencias políticas interfieran en una solución real y efectiva a este caso. Durante muchos años este problema ha existido y nunca nadie levantó la voz. Hoy se produce una inconsecuencia, y lo digo objetivamente, no con el propósito de empatar políticamente. El ministro Rabat no ha cometido ninguna ilegalidad y está aplicando la ley. El gobierno anterior aplicó la ley no en forma directa, sino indirecta: sus ministros rechazaban la rebaja de condena, se generaba una presentación a un tribunal de amparo y ese amparo ordenaba al ministro que había negado otorgar la rebaja de condena que la concediera.
Entonces, hoy se critica al gobierno porque ‘libera a delincuentes que son un peligro para la sociedad, que pone nuevamente en riesgo a las víctimas, que generalmente son personas cercanas a las familias; y porque este es un gobierno incoherente, que dijo proteger a la sociedad y hoy la expone a un riesgo’. Pero los mismos que dan estos argumentos y que están en todos los medios, nunca dijeron nada contra la orden de un tribunal que les ordenó a ministros de su gobierno rebajar las condenas, algo que ellos no querían que sucediera. Y el efecto de esa rebaja de condena tiene la misma consecuencia que acabo de señalar.
“Tenemos ruido por un caso específico, pero el gobierno no ha perdido el eje ni el rumbo”.
- Si se detectó ese error, ¿por qué no se enmendó antes de otorgar las libertades a 56 condenados?
- Cuando se generaban las rebajas de condenas antes, hablamos de 375 casos en los últimos cinco años, nadie dijo nada. La mejor muestra de que aquí había un vacío legal es que explota el problema públicamente por consideraciones de carácter político y aparecen inmediatamente mociones desde la propia oposición para corregirlo. Cuando fui a la Comisión de Constitución a acompañar al ministro Rabat, dije en una intervención que esa era la mejor muestra de un reconocimiento de que había un problema efectivo y que era transversal. Porque si la Ley hubiese estado bien hecha, no existirían dos interpretaciones sobre determinados artículos ni habría existido cambios de criterio en los tribunales para operar en uno u otro sentido.
Acá lo importante es que hay un problema efectivo y real, que surge de un vacío legal que genera diversas interpretaciones, y nosotros vamos en busca de la solución. ¿Y cuál es la solución? Corregir la Ley. Por lo tanto, espero que ahora todos los que reclaman dejen un poco de lado las frases para el bronce y entreguen buenos argumentos en las comisiones para que esta Ley de nunca más, se apruebe y no se repitan estas situaciones.
- El Presidente habla de un error político que no es de derecho. ¿A qué se refiere?
- Los errores políticos se dan fundamentalmente porque, cuando se toma esta decisión, se toma sectorialmente y no se comparte.
De alguna u otra manera, era evidente que había un cambio de criterio, que podía tener interpretaciones distintas y generar un problema político. Ese error político es público, es manifiesto y, por eso, tenemos hoy un debate público de alta intensidad y con declaraciones fuertes en esta materia. Pero aquí tenemos que separar el debate y la crítica política producto de un error en una decisión. Un error desde el punto de vista no jurídico, no en la aplicación de la Ley, sino desde el punto de vista de cambiar un criterio sobre cómo se procedía, sin medir las consecuencias.
No hay elementos que puedan justificar que existe un incumplimiento de la Ley o una infracción constitucional. Una acusación constitucional debe acreditar una infracción constitucional y, a mi juicio, no existe. Nunca debe utilizarse un instrumento de esas características para cambiar o modificar una decisión política que tomó el Presidente de la República.
El Presidente reconoce que es una falla del sistema y le entrega la confianza al ministro Rabat para que sea parte de la solución. Le señala dos cosas de las que debe preocuparse: la protección a las víctimas; y que se corrija la legislación. Esa es la tarea y esa es la misión. Pero, en la oposición, como no les gusta la decisión que tomó el Presidente de la República, creen que, si el Presidente lo confirma, ellos pueden cambiar esa decisión política utilizando mal una herramienta jurídico-constitucional como la acusación. Eso solamente contribuye a debilitar la institucionalidad y espero que el Congreso actúe con responsabilidad.
- Ciper reveló que el ministro de Justicia al inicio de su gestión sí apeló a tribunales nueve solicitudes de rebajas de penas, ¿no contradice esto la versión original de Rabat?
- Aquí hay una legislación que corresponde aplicar y que han aplicado todos los gobiernos desde que existe la ley de rebaja de condenas del año 2003. Obviamente, los casos impactan y llaman la atención, pero esto se resuelve conforme a la legislación vigente.
- ¿Hasta qué punto se puede mantener esta tensión, considerando el costo político que está teniendo para el gobierno y la baja en las encuestas?
- Acá el Presidente actúa con decisión y convicción. Él tiene la convicción de que no hay infracción legal ni constitucional y pide disculpas porque señala que esto es un error del sistema. Este error se produce tanto desde la perspectiva de la acción del Ejecutivo, como también por decisiones de otro poder del Estado, como es el Judicial. Cuando interactúan estos cambios de posiciones en diversos poderes del Estado, y si sumamos al Congreso, que sacó una ley que tiene diversas interpretaciones, hay tres poderes del Estado que están con una dificultad, algunos más y otros menos.
Entonces, hay que enfrentar esa realidad de manera integral, sistémica, corrigiendo. Aquí claramente los elementos que están en juego son la decisión presidencial de mantener al ministro, los cuestionamientos jurídicos y políticos sobre la rebaja de condena y los efectos de esta controversia en la relación con el Congreso y también con el propio sector oficialista. Nosotros no desconocemos esa realidad, pero el Presidente tomó una decisión y lo que nos corresponde es hacernos cargo de la solución que comprometió: protección a las víctimas y reparar la legislación.
- Cuando alguien comete un error en política, normalmente se asume la responsabilidad. Aquí el Presidente ha dicho que él asume las responsabilidades, pero ¿no le parece que también algún ministro debiera poner su cargo a disposición?
- El Presidente, en ejercicio de sus atribuciones tomó una decisión y asume la responsabilidad política. Es poco usual, pero el Presidente tiene la convicción de que el ministro no cometió una infracción legal ni a la Constitución y cree que es la persona que nos puede contribuir a la búsqueda de la solución.
Lo que nosotros no podemos permitir es que una diferencia política termine sustituyendo el análisis de los fundamentos jurídicos de este caso, porque la acusación constitucional no es el instrumento para reemplazar una decisión del Presidente de mantener a un ministro. Nosotros no podemos aceptar que la institucionalidad jurídico-constitucional se convierta en rehén de las diferencias políticas de la oposición con el gobierno. Eso es muy grave.
- ¿Un mejor desempeño se logra con el mismo equipo o quizás hay que incorporar más experiencia política al gabinete?
- Insisto, acá lo que interesa son los resultados y cómo nos alineamos todos en función de un trabajo coordinado en equipo, desde el Ejecutivo, con el Parlamento, con nuestro sector político y con nuestros partidos en el territorio. Siempre se especula que estas crisis se resuelven con cambios de gabinete, pero aquí quiero ser bien claro: los cargos no son un fin en sí mismos, son responsabilidades al servicio de un programa y para generar resultados. Por lo tanto, que nadie se confunda con que ante un problema, la solución mágica es un cambio de gabinete. Es algo diferente, que pasa por generar los esfuerzos de una mayor proyección de la acción del gobierno, de su gestión y de la coordinación con los sectores que nos apoyan, para ser más eficaces frente a las preocupaciones de la ciudadanía.
Dicho eso, lo importante también es entender que un gobierno siempre tiene que estar evaluando en forma permanente su funcionamiento, coordinación y resultados. Obviamente, un Presidente siempre va a tener todas las atribuciones para tomar las decisiones que estime necesarias. A los que creen que una solución puede ser un cambio de gabinete, les quiero señalar -una vez más- que esas decisiones corresponden exclusivamente al Presidente de la República y no corresponde que los ministros opinemos sobre esa atribución.
- ¿Hasta qué punto es necesario un nuevo impulso, un nuevo diseño político, como señalaron algunos parlamentarios que estaría pensando el gobierno después de una reunión con usted?
- Cuando hay este tipo de situaciones y dificultades políticas surgen diferentes opiniones y cada cual va entregando legítimamente su perspectiva de cómo se debería abordar el problema. En esa materia, el gobierno siempre está disponible y abierto a escuchar cómo vamos administrando de mejor manera, con mayor participación de los partidos políticos, las dificultades y las acciones propositivas que tiene un gobierno. Nuestra prioridad es que realicemos un trabajo de gobierno como equipo, que nos permita hacernos cargo del logro de resultados ante la opinión pública, que hoy no está preocupada de diseños políticos ni de estructuras de gabinete. La opinión pública hoy está preocupada de que le solucionen sus problemas. ¿Y cuáles son? Seguridad, empleo, crecimiento e inversión. Pero seguridad y empleo deben ser nuestra atención y preocupación fundamental. Por lo tanto, nuestro sentido de responsabilidad, tanto del Poder Ejecutivo en su acción y coordinación como de los parlamentarios oficialistas y los partidos políticos del sector, es sumar esfuerzos para mejorar la gestión del gobierno y fortalecer nuestra coordinación.
Ese debe ser el mensaje para que podamos superar esta etapa y seguir avanzando en los ejes estructurantes del gobierno.
“Recuperar confianza significa atraer inversiones”
- Llevamos más de una década discutiendo cómo recuperar el crecimiento, la productividad y modernizar el Estado. Pero los avances siempre han sido limitados. ¿Por qué el país no logra salir de esa inercia?
- Teníamos un diagnóstico en que lo más simple era subir los impuestos para arreglar los problemas y nosotros llegamos a hacer lo contrario. Pero presentamos la Ley de Reconstrucción, donde no tuvimos nada de apoyo de la oposición. Nosotros no presentábamos el proyecto y ya estaban diciendo que lo iban a llevar al Tribunal Constitucional. En las votaciones de la idea de legislar, todos en contra. Y lo sacamos adelante y rompimos la inercia. Por primera vez, en muchos años, en nuestro país se bajan las tasas de impuestos, se simplifican los procedimientos administrativos, se devuelve la certeza jurídica, se da estabilidad a las reglas del juego y, administrativamente, se comienzan a destrabar los procesos de inversiones que estaban detenidos. El principal generador de puestos de trabajo es el sector privado y el Estado tiene que generar las condiciones para que se produzca una dinámica económica que permita contratar. Eso estructuralmente nosotros ya lo hicimos. Fuimos contra la corriente de lo que históricamente se venía haciendo en materia económica durante las últimas décadas.
- Hacienda ha comprometido que Chile recupera el crecimiento del 4% hacia fines de la actual administración. ¿Qué tiene que cambiar en la política chilena para que esta sea una meta sostenible y no solo una aspiración?
- Para que esto se cumpla, claramente en nuestro país hay que recuperar la confianza y creo que el gobierno ha dado señales en ese camino. Es un gobierno que ha actuado con profunda seriedad en estabilizar las cuentas fiscales; es un gobierno que en todas las evaluaciones internacionales ha sido calificado con buena nota en sus niveles de riesgo. Están viendo que somos un gobierno que tiene una acción coherente, que tiene dificultades, pero mantiene una línea y una trayectoria, que tiene un destino final. Y ese destino final es recuperar la confianza. Recuperar confianza significa atraer inversiones; atraer inversiones significa generar oportunidades de empleo; generar oportunidades de empleo significa ingresos para las familias; e ingresos para las familias significan mayor bienestar para la sociedad.
- Si los resultados no llegan, ¿hasta qué punto el gobierno está dispuesto a revisar los instrumentos o su estrategia económica?
- Un gobierno no puede ser indiferente a las realidades que vive. Si tienes una expectativa y has generado las condiciones para que esa expectativa se pueda cumplir en el mediano plazo, pero de pronto hay factores que retrasan su cumplimiento, indudablemente hay que mirar otros instrumentos, estudiar otras acciones que permitan y contribuyan a superar las dificultades que tenemos.
Pero nunca van a ir en sentido contrario a lo que en el gobierno cree, o a lo que estamos haciendo, sino que serán un empuje a la transición para que, cuando esa recuperación llegue, las personas tengan oportunidades que no dependan exclusivamente de los programas de obras públicas.
El legado 2030: un país ordenado y una economía que crece
- Imaginemos que estamos en marzo de 2030. ¿Qué tendría que haber cambiado en Chile para que pudiera afirmar que el gobierno de José Antonio Kast efectivamente rompió la inercia?
- Primero, que haya un país más ordenado, con institucionalidad fortalecida, con una economía creciendo, con la cesantía bajando, con inversionistas de otros países acercándose cada vez más a Chile y, de esa forma, dejar un legado de que cuando las cosas se hacen bien y se mantiene una línea de acción coherente, los resultados llegan. ¿Lo estamos pasando mal ahora? Sí. ¿Tomamos acciones para que en el futuro nos vaya mejor? Sí. ¿Tenemos una transición que es compleja? Sí. Pero también, dentro de nuestras posibilidades, estamos generando política pública que permita mitigar esos efectos adversos. Tengo la confianza de que hacia finales de nuestro gobierno -pese a lo ingrato que ha sido la incomprensión ciudadana-, cuando uno hace las cosas bien, siempre alguien lo termina reconociendo.
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