Tras casi cuatro meses de análisis, la Contraloría General de la República emitió su dictamen después de haber recibido una serie de denuncias por una eventual falta de probidad del Presidente Sebastián Piñera en relación a la extensión de plazos para que Enjoy concrete una serie de inversiones en casinos municipales.
El caso comenzó con denuncias de parlamentarios, quienes -en términos simples- denunciaron que Piñera había dictado el decreto N° 77 de 2021, que permite dar un plazo adicional de hasta seis meses a los casinos que ganaron licencias en 2018, favoreciendo sus intereses, dado que las empresas que administran su patrimonio tenían intereses económicos en la operadora de casinos.
En un documento de 12 páginas, el contralor Jorge Bermúdez respaldó la validez del decreto aludido, dado que permite entregar mayores plazos por motivos de fuerza mayor, como ha sido la pandemia, por razones fundadas.
Además, hizo ver que la medida no solo beneficia a Enjoy, dado que Dreams también podría solicitar la extensió por cuanto también se adjudicó un permiso en la licitación. Así, "no implica una desigualdad de trato ni trato preferente", señaló el organismo.
Respecto al eventual conflicto de interés de Piñera, en el escrito Bermúdez dio cuenta que solicitó información a la Comisión para el Mercado Financiero, así como a BTG Pactual y a Moneda, que administran parte de las inversiones del mandatario bajo un fideicomiso ciego.
De esta manera, detalló que pudo comprobar que cuando se emitió el decreto, estas compañías estaban expuestas a Enjoy: la primera, tanto como titular de acciones, como con boletas de garantía ante la Superintendencia de Casinos de Juego, y Moneda con una garantía del 50% de la deuda de la exfirma de la familia Martínez.
Así, el organismo señaló que "cabe concluir que los intereses económicos que tienen o han tenido BTG y Moneda S.A. en Enjoy S.A. no pueden ser confundidos con los intereses del Presidente de la República, en razón de que esta autoridad se encuentra impedida de acceder a la información del destino de sus inversiones y puesto que esas entidades administran no solo esos recursos sino también otros fondos propios o de terceros".
A partir de su investigación, señaló que "no se constató la existencia de alguna comunicación entre las aludidas sociedades administradoras de fondos y el Presidente de la República que pudiera dar cuenta de una vulneración en la ejecución de los correspondientes mandatos de administración de fondos".
De este modo, hizo ver que no existen elementos objetivos para que se configure un conflicto de intereses a partir de la dictación del decreto N° 77.
En La Moneda en reaccionaron a la resolución señalando que "este dictamen es coherente con un principio de actuación permanente del Presidente de la República de probidad, transparencia y pleno apego a la ley en sus actuaciones".
Sin embargo, el organismo tuvo una mirada crítica respecto del rol de la SCJ cuestionando la suspensión de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las obras comprometidas para el casino de Viña del Mar, un par de días antes que venciera el plazo.
Dijo que esto -que podría haber desencadenado el cobro de boletas de garantía de la operadora- no se ajustó a derecho, por lo que iniciará una auditoría al organismo.
Abogados de la plaza explican que esto es una solución intermedia para evaluar la operación de la SCJ y que, si detectara alguna irregularidad, podría ordenar un sumario.
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