Con pausas, pero a paso firme han avanzado en el último tiempo los dos proyectos -uno desde la Cámara de Diputados y el otro en el Senado- que buscan prohibir a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios cortar el suministro durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por el Covid-19. Así, ayer se abrió el camino para que sea la comisión mixta la instancia que termine por fusionar los textos y convertir prontamente el texto en ley.
Si bien en medio de la emergencia en marzo el gobierno logró un acuerdo con los sectores de telecomunicaciones, electricidad y sanitario, lo que ha permitido hasta el momento otorgar beneficios para el pago de estos servicios en el 40% más vulnerable de la población, los articulados en el Congreso han seguido su marcha en un carril paralelo, manteniendo en alerta a las industrias respecto a sus alcances.
A tal punto, que en mayo el despliegue fue más allá del ámbito parlamentario y tocó la puerta de diversas autoridades de Gobierno, quienes recibieron gerentes generales y gremios, intensificando la estrategia para frenar las iniciativas.
Según consigna la Plataforma del Lobby, el 5 de mayo la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), liderada por Jéssica López, se reunió con el subsecretario de Economía, Esteban Carrasco. Las gestiones del sector no quedó ahí y también involucró a las propias firmas. El 12 de mayo los ejecutivos de Aguas Andinas, Marta Colet y Camilo Larraín, se reunieron con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. Los mismos representantes de la sanitaria tuvieron un encuentro el 28 de mayo con el subsecretario del MOP, Cristóbal Leturia.
Luego fue el turno de la industria de telecomunicaciones. El 27 de mayo la Asociación Chilena de Telefonía Móvilse reunió con la ministra de Transportes, Gloria Hutt, donde -según se dejó constancia- se planteó “el punto de vista del sector sobre la ley de servicios básicos, inversiones y desafíos del sector de telecomunicaciones”. En el encuentro participaron gerentes generales y presidentes de las principales compañías del sector: Antonio Büchi (Entel), Roberto Muñoz (Telefónica), Fernando Gana (GTD), y Mauricio Escobedo (Claro).
Gestiones de Sofofa
En esa línea, el 12 de mayo el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, junto al director de Políticas Públicas del gremio, Rafael Palacios, se reunió con la subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. Los encuentros estuvieron lejos de responder al azar. Cuando comenzaron a emerger las iniciativas parlamentarias en torno a los servicios básicos el mandato del consejero general de la Sofofa fue constituir un grupo de trabajo sobre este tema, teniendo en cuenta que los industriales tienen como empresas socias a representantes de dichos sectores. Desde ese momento se hizo un levantamiento de información para analizar los textos y en un plan de acción conjunto -más allá de las acciones propias que podían tomar las empresas- para asumir este escenario impuesto por el Covid-19.
En esta tarea se identificaron cuatro temas transversales a todas las industrias. Las preocupaciones son esencialmente la indeterminación temporal de lo que proponen los proyectos, el alcance de los beneficiarios, la señal regulatoria que se estaría enviando con estos textos y cuestiones constitucionales. Consultado, Palacios explica que no hay una oposición per se sino que “los proyectos, como se están legislando, tienen elementos que incorporan riesgos muy graves y adicionales al propósito que se quiere”.
Consultados por la arremetida, desde Aguas Andinas confirmaron el encuentro y aseguraron que siempre ha mantenido una clara política de apoyo a los sectores más vulnerables: “Desde el primer momento acordó con el gobierno las medidas propuestas para no dejar de suministrar agua potable a las familias que no pudieran hacer frente al pago de las boletas debido a la actual situación de crisis sanitaria y económica”.
La empresa indicó que su posición es que, por una parte, “las familias que puedan continuar pagando sus cuentas lo hagan y, por otra, que se establezca un límite ambiental al consumo, es decir, 15 metros cúbicos al mes. Este límite garantiza un mínimo de litros por persona al día para todas las familias. De lo contrario, podrían darse casos de sobreconsumo en medio de esta extrema sequía, la peor que enfrentamos en décadas”, agregando que esta es una opinión compartida por todo el sector.
Razones del lobby
Según comentan fuentes, el elemento que gatilló ir más allá de reuniones con parlamentarios e intensificar el lobby con las autoridades se debe a que el sector privado vio poca actividad del Gobierno en las iniciativas del Congreso. Si bien había consenso en que el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, mostraba posición frente al debate advirtiendo los efectos que podrían tener los textos, la industria esperaba que otros ministros sectoriales también tomaran posiciones. Aunque las autoridades habrían compartido la preocupación por los efectos en el sistema, no habría sincerado su plan de acción en la recta final de los articulados.
Con todo, fuentes de la industria aseguran que la mejor fórmula es continuar con el acuerdo de servicios mínimos suscrito con el Gobierno y que a este compromiso se le introduzcan modificaciones como ampliar su alcance a más beneficiados. Sin embargo, la ley es una opción que se rechazaría de plano.
Mientras las alertas siguen activas en torno a una eventual ley, ayer las empresas agrupadas en Atelmo (Claro, Entel, GTD-Telsur, Movistar y VTR) anunciaron que acordaron extender por este mes el denominado “Plan Solidario de Conectividad”, que beneficia al 40% de los hogares más vulnerables del país y que no puedan seguir pagando su contrato de internet o telefonía.
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