Si bien el proyecto de ley corta que busca bajar la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica consiguió un rápido paso en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados el pasado 24 de julio, la velocidad de su marcha en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta disminuyó a tal punto que los cálculos dan cuenta que el objetivo del gobierno de despachar la iniciativa en septiembre se vea más difícil de lo esperado.
El articulado, que consiste en transitar desde el actual 10% antes de impuestos a una tasa de mercado calculada por la autoridad con un piso de 6% y un techo de 8% después de impuestos, se enfrenta con complejos tiempos de tramitación. La reforma tributaria y la de pensiones, junto con el Presupuesto que debe ingresar por plazo constitucional a más tardar el 30 de septiembre, podría provocar que el texto quede relegado en medio de las prioridades. Sin embargo, el gobierno ya tiene un plan alternativo en la eventualidad de que se atrase la iniciativa en el Congreso, ya que si eso ocurre presentaría un nuevo artículo transitorio que se agregaría a la ley corta para asegurar los cambios en el próximo decreto de fijación tarifaria.
Al respecto, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, señaló que están tratando de hacer los esfuerzos por salir en los plazos que habían estipulado. “Hoy la ley está en la comisión de Hacienda de la Cámara que, como ha estado muy abocada a la reforma tributaria, ha tenido poco espacio para ver otros proyectos, pero esperamos verlo pronto para que vaya a la Sala y después al Senado”, dijo.
Pero, agregó, “si no llegáramos a cumplir los plazos que habíamos planificado originalmente, porque el gobierno no controla los tiempos del Parlamento, igual vamos a asegurarnos de que haya algún artículo transitorio que asegure que esto entre en la próxima fijación tarifaria”.
Jobet enfatizó que “estamos avanzando todo lo rápido que podemos, pero vamos a tomar todas las medidas que se necesiten para que esto esté pronto y -lo más importante- para que entre en la próxima fijación tarifaria”. En esta línea, el ministro ya ha sostenido conversaciones “preliminares” con los senadores de la comisión de Minería y Energía para iniciar la discusión del proyecto desde ahora y apurar el tranco.
Aunque los cambios tendrían un efecto menor en las tarifas, si impactarían fuertemente en los ingresos de las empresas. Según las estimaciones de la Comisión Nacional de Energía -en una comparación antes de impuestos-, si se bajara la tasa al 6,85% habría un cambio del orden del 14% a 17% de los ingresos de las distribuidoras, mientras que el efecto se ubica entre un 3% y 3,6% en la tarifa final. A su vez, un ajuste 6% representa diferencias de ingresos para el negocio de distribución en general que se ubica entre 17% y 21%.
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